BATALLAS PERDIDAS



Sinceramente, no sé si se trata de una virtud o de un defecto pero lo cierto es que, si hay una característica que me define, es la de no entablar ninguna batalla que considero perdida de antemano. Con los años, he desarrollado un olfato especial para detectarlas, seguramente porque, para mí, el tiempo es oro y me disgusta malgastarlo en discusiones que, por su propia esencia, no pueden culminar en clave de victoria o de derrota. No se trata de ganar o perder. No es cuestión de convencer ni de ser convencido. Es, simplemente, dar muestra de cómo pensamos, de cómo sentimos. En definitiva, de cómo somos.

Este concreto rasgo de mi personalidad suscita diversidad de opiniones en mi entorno. A algunos les agrada mientras que otros lo aborrecen, convencidos de que, por fuerza, tiene algo de impostura. Los primeros valoran mi capacidad de diálogo, mi interés por escuchar y entender los razonamientos del prójimo y mi tendencia a colocarme en el lugar del otro - de otro modo, me resultaría muy difícil ejercer mi profesión-. En cambio, los segundos recelan de mi (sospechoso) carácter conciliador, de mi (irritante) tendencia a la introspección y de mi (férrea) negativa a un enfrentamiento vano que, en el mejor de los casos, sólo le sirve como terapia a uno de los contendientes: el que, aun sin mala intención, decide trasladar sus demonios al otro en un día de furia.

Por eso, al leer que el arzobispo de Canterbury Rowan Williams y el insigne científico agnóstico Richard Dawkins se acaban de enzarzar en un duelo dialéctico tan apasionante como estéril acerca de la existencia de Dios y de su intervención o no en el origen del hombre, no he podido por menos que esbozar una sonrisa. “Otra batalla perdida”, he pensado. Tras un largo debate en las dependencias de la Universidad de Oxford, enclave elegido por ambos para su particular mano a mano, y ante una expectación popular sin precedentes, la conclusión final ha sido la previsible: ni Dawkins ha podido demostrar la inexistencia de un Ser Supremo ni Williams su existencia.

Yo soy creyente. Ni me exhibo ni me escondo. Tampoco pretendo convencer a nadie de mi opción. Bastante me cuesta conjurar mis fantasmas interiores lo mejor que puedo intentando no salpicar a mi alrededor. Me limito a educar a mis hijos en la misma fe que heredé de mis padres y que tanto me ayuda en mi día a día. Sin embargo, cuando asuntos de tanto calado como la religión o la política se sitúan en el centro del debate, echo en falta interlocutores capaces de mostrar sus discrepancias con educación y sin resentimiento, alejados de la violencia y de la falta de respeto, coherentes a la hora de exigir para sí mismos los comportamientos que exigen a quienes piensan distinto que ellos. Me consta por propia experiencia que es perfectamente posible y que el cuerpo, la mente y, sobre todo, el corazón, lo agradecen extraordinariamente. Aunque cueste un poco de esfuerzo.

CATÁLOGO DE ESPECIES A EXTINGUIR: VI. LOS FALSEADORES DE CURRICULUM

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 23 de febrero de 2012

Nosotros, el pueblo llano, la plebe vulgar, los siervos de la gleba, las sufridas víctimas de una crisis provocada por otros que no tienen visos de pagar por ello, aprovechamos los carnavales para sumergirnos en un universo alternativo en el que olvidarnos, al menos momentáneamente, de esa casta político financiera que nos ha colocado en un estremecedor punto de no retorno. Un animado baile y una copa en buena compañía se alzan como las más gratificantes actividades que nos ayuden a digerir algunas noticias recientes que, por escandalosas, es preferible abordar desde la ironía pura y dura. De lo contrario, las probabilidades de sufrir un ataque de mala leche se le dispararían al más pintado. Desde luego, sobran los motivos.

Abriendo la veda de los despropósitos, el antes ministro y ahora banquero Rodrigo Rato ya advirtió a principios del presente mes de que los políticos españoles están muy mal pagados y que, con semejantes retribuciones tan poco apetitosas, era muy complicado para los partidos reclutar mentes privilegiadas dispuestas a inmolarse por el servicio público. “Esto no es bueno para la atracción de talento ni de personas comprometidas” el presidente de Bankia dixit. Con un par. Será por eso, pensé yo, que los estadounidenses que aspiran a ser mandatarios acostumbran a estar forrados de antemano con el fin de que sus saneadas cuentas corrientes neutralicen las ansias mangantes que devoran a sus colegas de la Europa meridional.

Tampoco se quedaron atrás hace apenas unos meses nuestros  dirigentes nacionalistas más conspicuos -a saber, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y la diputada nacional de su formación, Ana Oramas-,  quienes, entonando un canto a la ignorancia, nos regalaron otra visión del asunto al afirmar respectivamente que “hay gente que con esfuerzo y con su inteligencia natural es capaz de darle tres o cuatro vueltas a otro que ha estudiado dos o tres carreras” y que “con dieciocho años se puede ser concejal. No hace falta tener estudios, basta con ser una persona lógica y trabajadora”. A esta revolucionaria teoría ya se le conoce popularmente como Universidad de la Vida y, al parecer, es incompatible con la opción que yo considero más deseable: contar con una formación académica sólida y, además, tener dos dedos de frente y una conciencia a prueba de tentaciones.

Pero todavía hay más. La semana pasada pudimos asistir al bochornoso descubrimiento del falso curriculum del recién nombrado Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien, pese a llevar tres lustros haciéndose pasar por médico, jamás se licenció en la carrera de referencia, pequeño detalle que obvió a la hora de cumplimentar su hoja de servicios al intelecto. Descubierto el pillaje, el flamante alto cargo se ha apresurado a aclarar que nunca afirmó que fuera galeno sino que poseía “estudios en Medicina”.

Más allá de la tristeza de comprobar su indigencia intelectual, lo verdaderamente imperdonable es que existan en todo el espectro ideológico dirigentes que, sirviéndose de la ambigüedad y de las falsas verdades, se dediquen a engordar sus exiguos currículos para embaucar a esos ciudadanos a quienes deberían gobernar con rigor y profesionalidad. Los hay de derechas y de izquierdas, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, y por regla general les une un concepto de la política asociado al trinque al por mayor y a la perpetuación en la poltrona. La fórmula que emplean de cara a la galería es un alarde de imprecisión y elasticidad denominada “tener estudios en”, lo que traducido al román paladino significa “formación y cultura subterráneas”. Basta con escucharles durante un par de minutos para detectar sin margen de error su estulticia y su pobreza discursiva, plagada de “concetos” tales como “miembras, cónyugues o diabetis”. Así nos va.

LA PATRIA POTESTAD EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS DEL MENOR

Artículo publicado en La Revista de la Feria del Divorcio el 18 de febrero de 2012

A día de hoy no es infrecuente que tanto los profesionales de la educación como los de la sanidad muestren su reticencia a la hora de informar al progenitor no custodio acerca de determinadas cuestiones relacionadas con sus hijos menores de edad. Sin embargo, en circunstancias normales, y para poder ejercitar la patria potestad en plenitud, esas informaciones de interés tendrían que ser facilitadas a ambos progenitores. La exhibición del documento que acredita esa ostentación de la patria potestad tendría que bastar para solicitar, con las garantías suficientes, los datos a recabar.

Abundando en esta idea, la Agencia Española de Protección de Datos acaba de dar la razón a un padre a quien, en el colegio donde estudia su hijo, se le denegó cierta información que había solicitado. El hombre invocó ante el centro escolar su derecho de acceso a los datos personales del menor, tales como la fotocopia del documento original de la matrícula, un listado con las condiciones educativas, alimentarias y sanitarias del recinto, los horarios de las actividades, la información de tutorías y la acreditación de los importes mensuales de determinados conceptos que consideraba relevantes. Asimismo, solicitó los informes y comunicados concernientes a la educación y al desarrollo del niño que ya se habían puesto a disposición de la madre. Pidió, además, un parte de ausencias -justificadas o no- y el número de teléfono de contacto del responsable directo del niño. Para concluir, demandó que cualquier comunicación que, en adelante, efectuasen a su ex mujer el claustro de profesores o los mandos directivos, fuera también puesta en su conocimiento por cualquier vía, fuera escrita, electrónica, telefónica o verbal.

Esta resolución de la AEPD señala que el derecho de acceso es uno de los que la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoce a los ciudadanos para poder defender su privacidad y controlar el uso que se hace de sus datos personales. Así, se concede al interesado la posibilidad de comprobar la información de la que se dispone sobre sí mismo, conocer el origen de su procedencia y saber la finalidad con la que se conserva, aunque no ampara el acceso a documentos concretos que puedan albergar datos relativos a terceras personas. Las reclamaciones en este último supuesto se deben dirigir a las instancias competentes, ya que la obtención de tales documentos se ampara en una normativa distinta.

Esta aclaración no es gratuita si se tiene en cuenta que, en el caso que nos ocupa, el solicitante reclamaba también diversas copias acreditativas de la evolución del pequeño donde sí figuraban informaciones de terceros. Por esa razón, y en base a la LOPD,  el presente expediente analiza exclusivamente el derecho de acceso a los datos personales de su hijo, de tal manera que  se ha estimado la reclamación paterna y el centro escolar deberá facilitarle desde ahora cuanta información obre en los ficheros del alumno. No así los de la progenitora, ya que supondría una cesión sin consentimiento y acarrearía el consiguiente riesgo de la interposición de una demanda futura. 



BEBÉS ROBADOS: UN DRAMA SIN FECHA DE CADUCIDAD

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 14 de febrero de 2012

Una noche, hace ya varios meses, mientras trataba en vano de encontrar algún programa mínimamente interesante en la pequeña pantalla, me topé con la emisión de un reportaje acerca de una trama de compraventa de bebés que, al parecer, fueron arrebatados de sus familias durante el período comprendido entre los años cincuenta y noventa. Los testimonios de aquel documental me impactaron profundamente y su efecto permaneció en mi memoria durante días.

Tiempo después, el pasado mes de enero, estaba consultando la edición digital de un periódico navarro cuando me reencontré con el drama, que en este caso tenía nombre y apellidos: Rebeca Losa Ocáriz. Su familia acababa de comprobar que el ataúd donde supuestamente reposaba el cadáver de la pequeña se hallaba vacío. De hecho, la recién nacida jamás estuvo en él. Lo único que custodiaba era un sudario. Eso significaba que estaba viva y, asimismo, evidenciaba que, como siempre sospechó su madre y ni siquiera se atrevió a pensar su padre, les habían robado a su séptimo retoño en el hospital. Horrorizados por el hallazgo, tanto los progenitores como los otros nueve hermanos de la desaparecida saben ahora a ciencia cierta que les mintieron miserablemente cuando les hicieron inhumar en el panteón familiar un féretro sin cadáver. Para ellos, ha sido un golpe durísimo y  su mayor afán es encontrar a Rebeca y conseguir que los culpables de este delito tan inmoral paguen sus culpas. Les gustaría que la joven conociera, al menos, a su madre,  que no piensa más que en abrazarla y decirle que nunca la vendió, que jamás la abandonó.

Hace apenas una semana, fueron las páginas de este diario las que informaron de la investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de cuarenta y dos denuncias de presuntas desapariciones de niños en centros hospitalarios y de acogida de la capital tinerfeña ocurridas en décadas pasadas. De hecho, ya se ha practicado en esta provincia la, por el momento, única prueba de ADN en el marco de esta investigación, aunque el resultado ha sido negativo, echando por tierra la tesis de la denunciante, una mujer residente en Güímar que decía haber localizado a una hija que le fue arrebatada después de dar a luz. 

Todo parece indicar que en España son entre 200.000 y 300.000 las personas que pueden estar viviendo esta mentira sin saberlo. La forma de actuar de los delincuentes era muy similar en todos los casos. Contactaban con matrimonios, generalmente mayores, que no podían tener hijos. En una reunión inicial, les indicaban la ciudad de recogida del pequeño y el dinero necesario para su entrega. En la fecha convenida, se desplazaban al lugar de destino y cerraban la operación. Finalmente, una matrona se desplazaba a la población de los compradores y falsificaba un certificado de alumbramiento con el que acudían al Registro Civil para inscribir a la criatura como propia.

No cabe duda de que la responsabilidad recae directamente sobre los numerosos intermediarios que se enriquecieron con estas imperdonables prácticas, algunos de los cuales todavía siguen en activo. Seguramente pensaron que nadie iba a creer nunca a aquellas parturientas a las que tachaban de locas ni iba a tener el valor suficiente para abrir aquellas tumbas huecas.  Pero no contaban con el hecho de que un drama tan intenso no tiene fecha de caducidad. La asociación SOS Bebés Robados recomienda a las familias afectadas por posibles casos irregulares de adopción que los denuncien y que se armen de paciencia, dado que les asiste su derecho a saber la verdad y a no caer en el olvido.

Confío en que las autoridades competentes puedan demostrar finalmente que semejantes desaprensivos destrozaron millares de vidas ajenas con la abyecta finalidad de adquirir una vivienda más confortable o un coche de lujo. Por el bien de la sociedad, han de pagar por ello.

LA JUSTICIA DEBE SER IGUAL PARA TODOS

Que el Tercer Poder en España no atraviesa por su mejor momento es una evidencia incontestable. Lo más triste, sin embargo, no es constatar esa realidad sino estar obligado a reconocer las sobradas razones por las que ha llegado a semejante situación.

Como profesional del Derecho, me aferro en mi día a día a la utopía de la separación de poderes, a la fe en la imparcialidad judicial y al respeto escrupuloso a las resoluciones de sus Señorías pero los hechos que se van sucediendo en los últimos tiempos no me ayudan en absoluto. Cada vez me resulta más difícil defender actitudes y compartir declaraciones de algunos colegas que, en mi opinión, están haciendo un flaco favor a la imagen de nuestra Justicia. Por ello, mi desasosiego es creciente.

Aunque este tema daría para una monografía, hoy me limitaré a manifestar mi absoluto rechazo a las palabras pronunciadas ayer por Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial. En referencia a la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro Aragón, de no grabar en soporte de vídeo digital la inminente declaración del yerno del Rey,  Iñaki Urdangarín, afirmó que "no todos los imputados son iguales ni están sometidos a la misma presión mediática, por lo que no se puede estigmatizar su imagen". Tal cual.

No obstante, otros vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces, entre ellos la magistrada Margarita Robles, se han apresurado a precisar que todos los imputados son iguales ante la ley y no pueden ser tratados con privilegios o diferencias por su estatus político o económico y que, probablemente, los términos empleados por la señora Bravo han sido interpretados erróneamente. ¡Qué casualidad!

Nada más lejos de mi intención que recurrir a la demagogia pero, si se adultera un principio tan básico del Estado de Derecho como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, este país estará a la deriva y no habrá jurista capaz de sacar la cara por su profesión ante semejante atropello.

Por cierto, para llegar a esta conclusión sobran las malditas interpretaciones. Más claro, el agua.

DIVORCIOS DE CONVENIENCIA: ¿UN FENÓMENO QUE VA EN AUMENTO?

Artículo publicado en La Revista de la Feria del Divorcio el 7 de febrero de 2012

Hasta hace bien poco, las personas nos habíamos acostumbrado a recurrir al concepto de matrimonio de conveniencia para definir el casamiento fraudulento contraído en ausencia de vínculo sentimental entre los contrayentes para, fundamentalmente, obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales. En 1990, una película del mismo título -protagonizada por Andie MacDowell y Gérard Depardieu- obtuvo una notable repercusión abundando, precisamente, en esta opción que, aún a día de hoy y a pesar de su prohibición, sigue teniendo lugar en determinados países.

Tampoco resultaba infrecuente oír en conversaciones a pie de calle –y más ahora, que se inicia el plazo de preinscripción escolar- diversas anécdotas relativas al cambio de domicilio de los niños con el único objetivo de asegurarles una plaza en el colegio de su preferencia, aunque para ello sus progenitores llegasen al extremo de simular una falsa separación matrimonial que, una vez inscrito el hijo, se transformaba en sorprendente reconciliación como por arte de magia.

Pues bien. En este momento, otro fenómeno al alza es el relativo a los divorcios de conveniencia. Hace apenas un año, ya hubo un precedente cuyos protagonistas fueron el mandatario guatemalteco Álvaro Colom y su entonces esposa Sandra Torres. En su caso, la disolución del vínculo se produjo por motivos políticos, ya que la Constitución de Guatemala prohíbe que los familiares del más alto dignatario puedan sucederle en el cargo y la señora de Colom aspiraba en las pasadas elecciones de 2011 a la Presidencia del país. Finalmente, salvaguardando la innegociable higiene democrática, los Tribunales estatales no admitieron semejante fraude de ley y frenaron las aspiraciones de tan peculiar dama al cargo.

Dicho esto, en lo que pretendo centrarme es en la deriva surgida de este fenómeno como consecuencia de la feroz crisis económica que nos acucia. Estoy hablando de parejas asfixiadas por las deudas que fingen una ruptura para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente, el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el patrimonio más relevante. El trámite es simple y rápido. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el juzgado. La pareja se divorcia legalmente y listo. Sin embargo, el hecho cierto es que ambos siguen conviviendo y, con permiso de los detectives privados contratados por los acreedores burlados, nadie tiene por qué enterarse. Además, en caso de ser descubiertos, ¿quién puede reprocharles que se den una segunda oportunidad?

Pero, claro, nada es tan sencillo como parece y ésta no iba a ser la excepción. Obviamente, existen cuestiones técnicas ineludibles para salvaguardar el equilibrio y dotar al procedimiento de cierta credibilidad, sin olvidar ulteriores obligaciones fiscales. Para ello, resulta básico el asesoramiento de un buen profesional. En caso contrario, se estaría coqueteando con la ilegalidad y hasta con el delito y no olvidemos que la mentira tiene las patas muy cortas.

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER - 4 DE FEBRERO

EN MEMORIA DE QUIENES HAN SIDO VENCIDOS POR EL CÁNCER

O  ESTÁN LUCHANDO CONTRA ÉL.

POR FAVOR, MANTÉN ESTA VELA ENCENDIDA.

NO A LA PENA DE MUERTE, SÍ A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 2 de febrero de 2012

  

El pasado 24 de enero se cumplieron tres años de la desaparición y posterior asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Doce meses después, su padre mantuvo una reunión con el entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el transcurso de la cual le pidió la implantación de la cadena perpetua y el cumplimiento íntegro de las penas impuestas para delitos sexuales y agresiones contra menores. Este caso concreto se ha venido a sumar a una lista de recientes y horrendos crímenes con nombre y apellidos, como los de Sandra Palo y Mari Luz Cortés, que han generado gran alarma social, colocando al Tercer Poder en el punto de mira de la indignación ciudadana.

Por su fuerte repercusión mediática, estas cuestiones son tema frecuente de tertulias en los entornos familiar y laboral y la diversidad de opiniones es manifiesta. Uno de los debates más recurrentes es el que tiene por objeto la conveniencia de la aplicación bien de la pena de muerte, bien de la cadena perpetua. Algunas personas se declaran firmes defensoras de la primera opción y argumentan los beneficios de su implantación en el hecho de que sirve para disuadir a los asesinos en potencia que, sabedores del futuro que les espera, se lo pensarán dos veces antes de cometer una fechoría. Consideran asimismo que no es de recibo dedicar un porcentaje de sus impuestos a mantener a semejantes sujetos en unas prisiones, por otra parte, cada vez más modernas y confortables. Sin embargo otros, entre quienes me incluyo, estamos absolutamente en contra de esta medida. Mi principal razonamiento estriba en que ningún sistema penitenciario posee atribuciones para decidir de manera justa e infalible quién debe vivir y quién debe morir. Los derechos humanos, encabezados por el derecho a la vida, son inalienables y nadie debe privarlos ni ser privado de ellos, pues su esencia consiste en proteger a todos y cada uno de los ciudadanos, buenos o malos. De más está explicar que esta postura no es en absoluto incompatible con la ineludible exigencia de hacer justicia con las víctimas y, a la par, castigar con dureza a los criminales.

Abundando en esta idea, el recién nombrado Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, acaba de presentar las diversas medidas que pretende tomar para ésta y también para otras asignaturas pendientes que conciernen a su Ministerio. Así, abogará por la pena de prisión permanente revisable, modalidad que no supone –como afirman algunos- una contradicción en sus términos. Aunque pueda traducirse en la permanencia del reo en una cárcel de por vida, no tiene por qué ser necesariamente así, habida cuenta que su régimen jurídico contempla la posibilidad, cumplidas determinadas condiciones, de la obtención de beneficios penitenciarios tales como permisos, régimen de tercer grado, libertad condicional y hasta plena. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, a tenor del art.15 de la Carta Magna, no considera que se trate de una pena inhumana o degradante y su implantación - siempre y cuando se aplique con la garantía de los denominados juicios de revisión- no contradice ni la letra ni el espíritu de la norma suprema, que en su artículo 25 refiere con claridad que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción y no podrán consistir en trabajos forzados. Además, dicha pena tampoco sería desproporcionada en atención a los delitos a los que iría aparejada, es decir, los atentados terroristas más graves, los asesinatos múltiples o las agresiones sexuales reincidentes, responsabilidad de individuos que no muestran un arrepentimiento verdadero.

Ya es hora de cambiar de escenario. Las gentes de bien están convencidas, con toda la razón, de que la justicia no es igual para todos y de que España es un paraíso para los malhechores. Necesitan urgentemente recuperar la fe en aquéllos que deben velar por su seguridad, llámense gobernantes, legisladores o jueces.