LA DISTANCIA NO ES EL OLVIDO

Casi todo el mundo piensa que el Patrón de Pamplona, la preciosa ciudad que me vio nacer, es San Fermín. Sin embargo, tan inmenso honor recae en San Saturnino, llamado San Cernin por los naturales de la capital de Navarra.

De hecho, fue Saturnino –cuya festividad se celebra este 29 de noviembre- quien, en el siglo III, bautizó a los primeros cristianos pamploneses, entre quienes se encontraba un joven Fermín que, años después, se iba a convertir en el primer Obispo del territorio.

Este jueves, siguiendo una tradición inmemorial, la Perla del Norte volverá a disfrutar de un intenso programa de celebraciones concebido para todos los gustos y edades, desde la Misa solemne en la Iglesia del mismo nombre y presidida por el Arzobispo de la Diócesis hasta la Procesión del festejado por algunas calles del Casco Viejo, pasando por el desfile de los populares Gigantes con los que –como también ocurre en los mundialmente famosos Sanfermines- tanto disfrutan los más pequeños de la casa.

Dando inicio a los actos, una engalanada Corporación Municipal partirá de la sede del Ayuntamiento en compañía de la Banda de Música, que jalonará el trayecto con hermosas melodías. 

Yo, un año más desde mi Tenerife de adopción, viviré esta jornada con nostalgia, porque los recuerdos del “pocico” o de la veleta en forma de gallo que preside una de las imponentes torres parroquiales golpearán mi mente con sus nudillos.

Y es que miente el bolero. La distancia no es el olvido. Lo sé  de buena tinta, porque el amor por mi tierra y por sus gentes inunda mi corazón hoy y siempre. 

UNA APROXIMACIÓN A LA FIGURA DEL CONVENIO REGULADOR

Artículo publicado en la revista "La Ruptura" el 27 de noviembre de 2012

Los pasos que debe llevar a cabo una pareja que ha decidido poner fin a su relación conyugal son diversos. A continuación me referiré a la figura del convenio regulador, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta una demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

Se trata de un documento que recoge una serie de pactos establecidos entre las dos partes en relación a los hijos comunes y a los aspectos económicos y patrimoniales que tienen que resolver una vez finalizada la convivencia.

Los asuntos relativos a los vástagos menores de edad, como la pensión alimenticia o la guarda y custodia, requieren del correspondiente pronunciamiento judicial mediante la preceptiva sentencia, por tratarse de temas que afectan al orden público. En este sentido, el juez aprobará el convenio propuesto por los cónyuges en tanto en cuanto no resulte perjudicial ni para los niños ni para uno de los futuros divorciados en comparación con el otro. De lo contrario, su denegación habrá de comunicarse por medio de una resolución debidamente motivada y fundamentada, pudiendo los interesados  presentar una ulterior propuesta para su aprobación, si procede.  

El convenio regulador ha de presentarse junto con la demanda de divorcio y tiene carácter obligatorio cuando éste es de mutuo acuerdo o es solicitado por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro.

Si bien no es estrictamente necesaria la intervención de letrado ni de procurador para su redacción, conviene advertir que la presencia de éstos puede resultar muy relevante como fuente de información y orientación jurídica, sobre todo en cuestiones filiales.

El texto ha de especificar la atribución de la guarda y custodia, el régimen de visitas y comunicaciones del cónyuge no custodio, la atribución del uso de la vivienda familiar y las cantidades correspondientes a las pensiones de alimentos y a las compensatorias (si proceden), así como los criterios de actualización de las mismas.

Tras la admisión de la demanda por parte del juez, se señala un día y una hora para la ratificación del texto. Ésta se suele realizar por los cónyuges de forma separada. Cada uno de ellos debe reiterar su voluntad de divorciarse y expresar su deseo de que las relaciones futuras tanto con su ex cónyuge como con los hijos de ambos se rijan por dicho convenio.

Con el acto de la ratificación, las partes demuestran la firmeza de su decisión y permiten al juez valorar si su voluntad se ha formado en libertad y sin presiones. Si, tras la citación de ambas partes, una de ellas se niega a firmar lo previamente acordado, se procederá al archivo inmediato de las actuaciones, quedando abierta la vía del divorcio contencioso.

Asimismo, en caso de incumplimiento de un convenio regulador aprobado judicialmente, se podrá obligar al incumplidor a afrontar su responsabilidad mediante el procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  En el caso de incumplimiento de pago de cantidades, cabe el embargo de su patrimonio hasta un límite que dependerá de la cuantía total no satisfecha.

En casos muy extremos, tal incumplimiento puede alcanzar la consideración de delito de abandono de familia, siendo en ese caso obligatoria la denuncia en sede judicial o policial.

Es posible modificar el convenio regulador cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstancias existentes en el momento de la firma. De hecho, y en relación a la actual crisis económica, una de las consecuencias más patentes que afecta a los despachos de abogados se traduce, no sólo en el descenso de demandas de divorcio, sino también en el aumento de solicitudes de modificación de convenios reguladores preexistentes.

Por último, los convenios reguladores formarán parte de las sentencias de divorcio, que se comunicarán de oficio por el Secretario Judicial al Registro Civil en el que se inscribió previamente el matrimonio de los litigantes y el nacimiento de sus hijos. Asimismo, y a petición de las partes, podrán inscribirse igualmente en los Registros de la Propiedad y Mercantil.

http://www.feriadeldivorcio.com/2012/11/27/una-aproximacion-a-la-figura-del-convenio-regulador/

DECISIONES JUDICIALES QUE FRUSTRAN DONACIONES DE ÓRGANOS

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 21 de noviembre de 2012

Es curioso comprobar cómo en pocas semanas un tema tan trascendental como el de la donación de órganos ha saltado a la palestra a través de dos sucesos tan dispares como lamentables. El primero lo protagonizó un individuo que asesinó en una pedanía de Albacete a dos personas, entre ellas una niña de trece años con la que supuestamente mantenía una inexplicable relación sentimental. El posterior suicidio del asesino lo convirtió automáticamente en posible candidato para donar sus órganos vitales a favor de la Organización Nacional de Trasplantes. Finalmente, tal operación no se llevó a cabo por causas que no han quedado suficientemente aclaradas. Lo único que, por desgracia, trascendió en relación a este hecho fueron las impresentables declaraciones de una popular presentadora de televisión en las que trasladaba a su audiencia matinal una serie de inquietudes sobre la transustanciación del alma de los malvados sobre sus correspondientes vísceras. En este sentido, y para que mi postura al respecto no deje lugar a dudas, prefiero que se proceda siempre a salvar vidas ajenas, aunque para ello haya que recurrir a los despojos de un asesino en serie o de un atracador a mano armada. 

El caso es que, apenas unos días después, los acontecimientos ocurridos durante un concierto multitudinario en el recinto del Madrid Arena dieron como resultado luctuoso la muerte por aplastamiento de tres de las asistentes al mismo, a quienes se unió posteriormente una cuarta que había quedado muy malherida. Esta última víctima ya había manifestado su deseo de ser donante en caso de fallecimiento y, de hecho, habida cuenta que las causas de su muerte parecían fuera de toda duda y aparentemente no requerían una autopsia aclaratoria, el protocolo de extracción se puso en marcha con celeridad. No hay que olvidar que en España la demanda de órganos supera con creces a la oferta y que las listas de espera son interminables. Sin embargo, desde el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid se aseguró que no existió autorización verbal ni de ningún otro tipo antes de que el Hospital Universitario 12 de Octubre se pusiera en contacto con el juez titular y que, en consecuencia, el proceso se paralizó de inmediato. Muy molesta por tal decisión, la citada Organización Médica Colegial ha anunciado que va a pedir al Consejo General del Poder Judicial uniformidad de criterios a la hora de que un juez pueda permitir o prohibir una donación de órganos en la que encaja más que nunca la máxima de que el tiempo es oro. 

Asimismo, el director de la ONT remitirá en breve sus quejas por esta incomprensible prohibición que, amén de frustrar los deseos de la menor fallecida, ha dejado en la estacada a numerosos receptores que podrían haberse beneficiado de su generoso gesto. Como contrapartida, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda que se decidió no autorizar la extracción con el objeto de no interferir en la averiguación de lo acontecido ni poner en riesgo eventuales prácticas de prueba que en el futuro pudieran solicitarse. A pesar de ello, el colectivo médico ha elevado una queja formal al CGPJ, convencido de la dificultad de encontrar ningún criterio fundado para la negativa del juez en cuestión. Según la versión de los facultativos, la difunta adolescente estuvo durante cuatro días sometida a diversas pruebas que aportaron numerosas conclusiones clínicas y todo apunta a que se podrían haber extraído las necesarias muestras biológicas para una posterior investigación sin obviar el trasplante. 

Así pues, no parece descabellado concluir que un acto de extrema generosidad ha sido obstaculizado por una decisión judicial quizá legítima pero no demasiado acertada y en absoluto fundamentada ni motivada. Sea como fuere, se impone una reflexión para que hechos tan tristes como el que nos ocupa no vuelvan a repetirse en el futuro. La supervivencia de muchos de nuestros conciudadanos depende de ello.

http://www.laopinion.es/opinion/2012/11/21/decisiones-judiciales-frustan-donaciones-organos/446500.html

20 DE NOVIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

En el año 1956 la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó la institucionalización internacional de un Día Universal de la Infancia consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y destinado a la realización de actividades destinadas a promover su bienestar. 

Sin embargo, ni siquiera en esta señalada fecha dejan de existir pequeños que carecen de lo más esencial para la vida, que ven peligrar a diario su salud física y psicológica y que crecen sin el derecho inalienable a ser felices. No podemos olvidar que ellos son la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo sin guerras en el que puedan sonreír en vez de llorar, un mundo sin pobreza en el que el hambre se erradique definitivamente, un mundo en el que sea posible defender sin temor la justicia y la verdad. 

Según datos de la ONU, en pleno siglo XXI más de cien millones de niños no asisten a la escuela primaria y más de ciento cincuenta padecen escasa nutrición y bajo peso. Pero la pobreza no es exclusiva de los países en desarrollo. Desde UNICEF se constata que en una quinta parte de la población española -unos ocho millones de personas- vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos, un millón en pobreza extrema. 

Esta realidad nos denigra como especie y nos condena como sociedad. Se impone la voluntad conjunta de todas las naciones para llevar a cabo medidas urgentes tendentes a resolver este drama que golpea nuestras conciencias hoy y todos los días del año. 

Veinticuatro horas de conmemoración no bastan.

UNA TRAGEDIA QUE NO CESA

La jornada de huelga general que ayer acaparó los principales titulares de prensa, radio y televisión se vio salpicada también por otra noticia que a mí me pareció infinitamente más dramática. La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha había abierto una investigación para esclarecer el suicidio de Mónica, una menor ecuatoriana de 15 años, estudiante de la ESO del instituto Juan de Ávila, en Ciudad Real, que presuntamente estaba siendo víctima de acoso escolar. Según su familia, desde hacía un año había pedido el cambio de instituto debido a graves problemas de convivencia con sus compañeros.

Acto seguido, recordé que el 19 de abril de 2011 publiqué un artículo titulado ACOSO ESCOLAR: SENTENCIAS DISTINTAS PARA UN MISMO DRAMA, en el que abordaba este problema tan sangrante que, a mi modo de ver, nos denigra como sociedad. En él manifestaba que multitud de inocentes víctimas de estas prácticas aberrantes afrontan cada lunes su cruel destino con una mezcla de miedo, llanto y soledad. Cuando cruzan el umbral del colegio, un selecto grupo de matones inaugura su demoledor “via crucis”, transformando lo que debería ser un lugar para el aprendizaje y la convivencia en una prisión de máxima seguridad en la que no pocos niños maldicen su infancia mientras cumplen cadena perpetua. Cualquier excusa es válida a la hora de escoger la diana de turno. Ser gordo o flaco, feo o guapo, listo o tonto, se torna en motivo suficiente para resultar agraciado en tan siniestra lotería. La única característica común e ineludible que se les exige a los ganadores del sorteo es la incapacidad de defenderse y el terror ante la perspectiva de ser acusados de chivatos si osan relatar los escarnios que les infligen los gallitos del corral. La  sarta de abusos es tan heterogénea como los colores de la paleta de un pintor, desde clavar lapiceros a rasgar ropa, desde pedir dinero a exigir juguetes, desde la patada al escupitajo. Todo vale para saciar momentáneamente la sed del verdugo. En el caso concreto de Mónica, le hacían un vacío permanente, se colocaban por parejas en la puerta del baño impidiéndole el acceso al mismo y no consentían que tomara asiento en el autobús, entre otros desmanes.

Los expertos en esta materia han constatado que el daño más grave que padecen las víctimas de estos abusos son los cuadros de estrés postraumático, que les hacen candidatos a arrastrar inseguridades en la edad adulta y a padecer un permanente complejo de inferioridad. Abundando en el mismo tema, recordaba asimismo la muerte del adolescente vasco Jokin Ceberio el 21 de septiembre de 2004, un suceso que obró sobre la conciencia colectiva el efecto de un aldabonazo seco en mitad del corazón. Por aquel entonces, un familiar del joven guipuzcoano se preguntaba en una carta a los medios de comunicación dónde miraban los profesores mientras Jokin sufría delante de sus ojos y qué hacía el Estado con nuestros hijos cuando se los confiábamos en sus escuelas.

Ciertamente,  ¿qué clase de mundo estamos construyendo que hace de niños tan pequeños torturadores sistemáticos y sin escrúpulos? Parece mentira que, ocho años después, idénticos dramas se reproduzcan a diario en numerosos centros educativos españoles. Por eso, apelo a la actuación contundente del Poder Judicial y concluyo con las mismas palabras que utilice entonces:

“Es de todo punto imprescindible que los responsables del cuidado de nuestros pequeños no pequen de pasividad e inacción y extremen la vigilancia para que hechos tan deleznables como éstos no vuelvan a producirse jamás.”

LAS NUEVAS TASAS JUDICIALES LIMITAN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo publicado en la revista de habla hispana "La Ruptura" el 11 de noviembre de 2012

El Gobierno de España acaba de presentar un Proyecto de Ley sobre la exigencia de tasas judiciales para interponer demandas o recursos ante la Administración de Justicia que ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, hallándose actualmente en fase de debate en la Cámara Alta. Dicha iniciativa impone el pago generalizado de un tributo a quienes soliciten de los tribunales la resolución de un conflicto. Quedan excluidos determinados procedimientos -como los relativos a filiación, menores, guarda y custodia, alimentos, derechos fundamentales o monitorios de reclamaciones inferiores a dos mil euros-, así como los que afecten a ciertas personas e instituciones -como el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas o los ciudadanos susceptibles de acudir a la justicia gratuita-.

El pago es doble ya que, primeramente, se establece el abono de una cuota fija cuya cuantía varía en función del tipo de procedimiento -desde ciento cincuenta euros el más barato hasta mil doscientos el más caro- a la que, después, ha de añadírsele otra cantidad variable situada en torno al 0,5% del importe de dicho procedimiento. En resumidas cuentas, con la entrada en vigor de esta medida, el acceso a la Justicia se encarecerá más, acarreando consecuencias muy negativas.

Así, a los honorarios de abogados, procuradores y peritos, se añadirá una nueva tasa que, por desgracia, disuadirá a muchas personas a la hora de defender sus derechos delante de un juez. La triste realidad es que no les compensará en absoluto dar ese paso, y no solamente por el desembolso económico que implica sino, además, por los retrasos que padecen los juzgados en nuestro país y por la notable falta de seguridad jurídica que rodea al resultado final de su pretensión.

Es innegable que la Justicia con mayúsculas corre el peligro evidente de verse reducida al ámbito de aquellos litigantes que, o bien disfrutan de una posición económica desahogada o bien poseen unos elevados niveles de paciencia y sacrificio que les animan a realizar un esfuerzo que pocas veces se verá recompensado.

En estos tiempos en los que, con la excusa de la crisis económica, se están llevando a cabo durísimos recortes en algunas prestaciones esenciales, esta medida dejará fuera del acceso a los tribunales a un importante sector de la población. ¿Cómo se podrá defender entonces la máxima de que la Justicia es igual para todos si la definición de España como Estado de Derecho  y el concepto de tutela judicial efectiva no son más que meros conceptos vacíos de significado?

Es lamentable que nuestros gobernantes no reparen en que, limitando los servicios públicos, hacen irreconocible el modelo estatal que en su momento decidimos ser. Porque, de la misma manera que nuestro Estado Autonómico de hoy en nada se parece al de principios de los ochenta, es más que probable que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de mañana apenas se parezca al que establecimos en nuestra vigente Carta Magna. Y esa deriva terminará por perjudicar seriamente a la misma ciudadanía a la que están obligados a servir y ante la que tienen que rendir cuentas.

http://www.feriadeldivorcio.com/2012/11/11/las-nuevas-tasas-judiciales-limitan-el-acceso-a-la-justicia/

EL DRAMA DEL DESAHUCIO

Hace casi dos años publiqué un artículo titulado “Los jueces les ajustan las cuentas a los banqueros” en el que hacía referencia a un auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que admitía la dación en pago en el concreto caso de un ciudadano que no podía hacer frente al pago de la hipoteca de su casa. Para consultar su contenido, de máxima actualidad, basta con pinchar el enlace adjunto: 

http://www.laopinion.es/firmas/2011/02/15/jueces-les-ajustan-cuentas-banqueros/330091.html


Abundando en el mismo tema, leo en la prensa de hoy que “el Partido Popular está decidido a frenar la escalada de desahucios con normas eficaces” y que “el Partido Socialista propone que los bancos rescatados alquilen los pisos embargados”.

Mientras tanto, una mujer en paro, separada y con tres personas (dos de ellas, menores) a su cargo, lleva acampada desde el domingo delante de una sucursal de Bancaja –entidad perteneciente al grupo Bankia- situada a escasos metros de mi lugar de trabajo. La acaban de desahuciar de su vivienda y ha iniciado una huelga de hambre para que le permitan acceder a un alquiler social.

No sé si Carmen –que así se llama esta madre desesperada- habrá tenido la desgracia añadida de leer las declaraciones que Juan Manuel Suárez del Toro -ex consejero de Bankia y todavía presidente de la Caja Insular de Ahorros de Canarias- realizó el pasado lunes ante el juez que investiga la  gestión financiera de dicho grupo bancario. Por su bien, espero que no.

En ellas, el imputado confesó poseer escasos conocimientos de economía y aseguró que la misión que tenía encomendada se reducía a “asistir a las reuniones del Consejo y votar lo que le indicaban, lo que siempre hizo por entender que eran las mejores decisiones que se podían tomar dentro del grupo financiero”. Acto seguido, volvió a su despacho para seguir cobrando un sueldo millonario en agradecimiento a su obediencia proverbial.

Es obligatorio recordar que la Audiencia Nacional empezó a investigar el caso Bankia el pasado 4 de julio, tras admitir a trámite la querella presentada por la formación política Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En dicha querella se sostiene que, con la salida a Bolsa, sus administradores cometieron delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. 

Asimismo, conviene no olvidar que el Estado ha procedido al rescate del citado grupo bancario inyectándole 23.500 millones de euros a fin de garantizar su viabilidad financiera, una cifra sustancialmente superior a la que esperaban los analistas y una autentica locura de gasto en plena recesión económica, con el país presionado por los mercados internacionales para que reduzca el déficit público y gaste lo justo y necesario.

El drama del desahucio exige soluciones inmediatas que pasan inevitablemente por la definitiva implicación de una Banca cuya elevada cuota de responsabilidad en la crisis que nos asola está fuera de toda duda. La dación en pago es una de ellas, aunque no la única. En todo caso, tanto los partidos mayoritarios como el Poder Judicial deben formar un frente común si, al menos, no quieren asistir al hundimiento definitivo de buena parte de esa ciudadanía a la que están obligados a servir.  

LA EDAD MENTAL, SEXUAL, CIVIL Y PENAL, A DEBATE

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 3 de noviembre de 2012

Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 3 de noviembre de 2012

Según la sabiduría popular, el amor no tiene edad. También hay voces que afirman que la madurez de una persona no tiene por qué encajar necesariamente con los años que hayan transcurrido desde su nacimiento. Y es más que probable que ambas consideraciones sean, en parte, ciertas. Pero lo que, a mi modo de ver, no ofrece lugar a dudas es el cúmulo de incoherencias y  de contradicciones que, en lo referente a la calificación por edades, se viene produciendo en nuestro país desde hace demasiado tiempo.

Los recientes crímenes de la localidad albaceteña de El Salobral han alertado de la necesidad de modificar la edad legal de consentimiento de las relaciones sexuales que figura en el Código Penal español. Actualmente, la cifra está fijada en los trece años, siendo la inferior de toda Europa y una de las más bajas del mundo. De hecho, organizaciones como Save the Children, UNICEF y la misma ONU han solicitado reiteradamente su elevación, a fin de proteger a quienes las leyes consideran niños en todos los ámbitos excepto en el sexual. De entrada, habría que cuestionarse si se tutela debidamente a la infancia y a la juventud en esta materia, si se le forma e informa adecuadamente o si, por el contrario,  se le presupone legalmente una maduración que nadie en su sano juicio defendería para sus propios hijos.

En este sentido, uno de los objetivos prioritarios del psicólogo Javier Urra al asumir el cargo de primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid en 1996 fue elevar semejante edad de consentimiento, estimada por aquel entonces en unos aberrantes doce años. Su experiencia profesional le dictaba (lo sigue haciendo) que una niña podía presentar la apariencia física de una mujer e incluso estar capacitada biológicamente para engendrar sin por ello poseer la madurez emocional exigible. Inexplicablemente, su propuesta se topó con el muro infranqueable de unos partidos políticos que, ya por aquel entonces, se negaron a “restar libertad” (sic) a los jóvenes. De hecho, todo lo que consiguió fue alargar el plazo doce paupérrimos meses. De nada le sirvió luchar para que los representantes de la nación reordenaran un sistema que, al mismo tiempo que aprobaba las relaciones sexuales de los chavales de trece años, les prohibía trabajar, dejar de estudiar, tatuarse o abortar sin permiso paterno hasta los dieciséis o votar, conducir, beber y fumar hasta los dieciocho.

Años después, agitando la falaz bandera del progresismo, el gobierno socialista de Zapatero insistió en el despropósito ahorrando a las adolescentes embarazadas el molesto trago de comunicar a sus padres la intención de interrumpir un embarazo no deseado. Ideologías y creencias al margen, resulta misión imposible entender una normativa que permite a una criatura ennoviarse con un cuarentón y, simultáneamente, le cuestiona el acceso a una película para adultos. O que le garantiza confidencialidad en su visita al ginecólogo pero, después, le prohíbe adquirir en la farmacia los antibióticos que dicho facultativo le ha recetado.

Lo que, en mi opinión, dinamita todos los principios de la lógica es que no se establezca de una vez por todas una mayoría de edad común a cualquier circunstancia. Si civilmente hemos acordado establecer el límite en los dieciocho años y si también los sujetos responden penalmente por sus actos a partir de ese momento, lo procedente es imponer el mismo criterio para el resto de las actividades. En definitiva, si admitimos que la edad civil es la que refleja el punto mínimo de sensatez para conducirnos por la vida, lo razonable ha de ser que prevalezca sobre todas las demás. Cuestión bien distinta es qué dígito asignar para obtener esa condición de mayor de edad. Unos optarían por los dieciocho actuales –antaño veintiuno e, incluso, veintitrés-.  Otros por los diecisiete o los dieciséis. Pero, fuera cual fuera el número elegido, cuesta trabajo creer que en esta asignatura pendiente todavía no se haya llegado a una conclusión tan elemental. 

http://www.laopinion.es/opinion/2012/11/03/edad-mental-sexual-civil-penal-debate/443553.html

QUIENES SON RECORDADOS NO MUEREN JAMÁS

Hoy, la jornada posterior a la Festividad de Todos los Santos, se celebra el Día de los Fieles Difuntos pero yo no recordaré a quienes me precedieron en el tránsito a la otra vida de forma distinta a como lo hago a diario.  

En mi mente y en mi corazón siguen estando junto a mí, siento su presencia y su aliento, guardo su ejemplo como el bien más preciado y trato de no defraudarles con mis actos allá donde estén.

Este viernes también rezaré por ellos, como lo hice ayer jueves, como lo haré mañana sábado. Y el domingo. Y el lunes. Y les pediré que no me dejen nunca sola, que me ayuden a acertar en mis decisiones, que me sigan enviando señales que sólo yo seré capaz de reconocer. 

Y no dejaré de darles las gracias eternamente por haberme querido tanto y tan bien, por haberme dejado como herencia una fe que me esfuerzo en conservar y en transmitir.

Esta tarde limpiaré sus lápidas y colocaré flores maravillosas sobre sus restos pero tampoco lo haré de forma distinta a como lo hago quincena a quincena. Mientras sus nombres, que son mis nombres, adornen el negro y brillante mármol, acudiré a honrarles como se merecen, para que no haya duda de que su familia mantiene en condiciones dignas su última morada terrenal. 

No sé dónde están sus almas pero  sí sé que lo que queda de sus cuerpos, que tantas veces besé y abracé, reposa bajo una tierra sagrada que, mientras no me fallen las fuerzas, exhibirá orgullosa, a salvo del barro y de las malas hierbas, los colores y los aromas de la naturaleza.   

Quienes son recordados no mueren jamás.