Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 15 de febrero de 2019
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 16 de febrero de 2019
Aunque no es lo habitual, en algunos procedimientos judiciales se puede
solicitar la retirada de la guarda y custodia de los hijos al padre o a la
madre que ya la ostentan. Un reciente ejemplo que ha generado notable alarma
social ha derivado de una decisión de la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Córdoba estimando el recurso de una progenitora contra una
sentencia del Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad andaluza que
acordaba la custodia compartida de sus pequeños de diez y trece años tras un
divorcio y que ahora se le retirará al progenitor por someter a estos al humo
de sus cigarrillos de manera adictiva.
Como punto de partida, conviene clarificar las figuras de patria potestad y
guarda y custodia. Mientras que la primera hace referencia al derecho de los
padres a tomar parte en las decisiones más importantes que afectan a la vida de
sus vástagos, la segunda alude al hecho de hacerse cargo de ellos en cuanto a
su acompañamiento diario. Aun así, a veces se dan casos en los que cabe retirar
judicialmente dicha custodia al ejerciente por considerar que su compañía
resulta perjudicial para los hijos y, si son ambos miembros de la pareja
quienes demuestran esa incapacidad o falta de aptitud para la crianza y el
cumplimiento de sus obligaciones parentales, hasta pueden verse desposeídos de
la patria potestad, en tanto que la guarda y custodia será otorgada a otros
familiares (preferentemente los abuelos) o a una institución pública.
Uno de los motivos que se esgrimen para solicitar la retirada de la guarda
y custodia es el modo de vida desordenado por parte de los adultos, que
perjudique la estabilidad del hijo y que afecte a su adecuado desarrollo
personal. Sirvan como muestra la existencia de una nueva pareja sentimental que
amenace la seguridad física y emocional del menor, el ingreso en un centro
penitenciario, la necesidad de viajar con excesiva frecuencia, el traslado de
domicilio a otra ciudad que modifique en gran medida las rutinas infantiles, la
posesión de antecedentes de violencia en el seno familiar, el ejercicio indolente
de los cuidados asociados a la alimentación, higiene y atención médica de los
niños, la ausencia de escolarización o la falta a clase de manera continuada y,
como en el presente caso de tabaquismo, el sometimiento a determinadas adicciones.
Como es lógico, un procedimiento tan delicado ha de llevarse a cabo con las
debidas garantías, por lo que participan en él diversos profesionales, no sólo del
ámbito jurídico, sino también de la Psicología y de los Servicios Sociales. Una
vez examinados minuciosamente todos los datos recabados, el juez tomará su
decisión y emitirá una sentencia. Es muy común recurrir a la declaración de
testigos, habida cuenta que el criterio a seguir no es otro que el del
beneficio del menor y la salvaguarda de su derecho a permanecer junto a sus
progenitores cuanto sea posible.
Según se recoge en esta controvertida
sentencia, “ambos menores, de forma espontánea y sin ningún tipo de indicio de
manipulación -pues no se quejan del actual régimen de custodia compartida-,
aluden con gran preocupación apreciada en su exploración a lo que tienen que
soportar de ambiente cargado de humo". Asimismo, se manifiesta en el fallo
que “es evidente que el proceder del padre pone en situación de peligro la
salud de los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar otra cosa
que no sea su adicción".
Intuyo que
a partir de ahora se emitirán sentencias parecidas sobre situaciones similares,
pues se basan en conductas que
constituyen un indicador de negligencia en el cuidado de los hijos. No
obstante, esa retirada de la guarda y custodia no es irreversible. Transcurrido
un tiempo prudencial y modificadas las condiciones que han dado lugar a la
misma, los progenitores podrían recuperarla. Ahora bien, como todo en la vida, no
deja de ser cuestión de prioridades.
