Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 28 de septiembre de 2018
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 1 de octubre de 2018
Artículo publicado en el Diario de Levante el 3 de octubre de 2018
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 1 de octubre de 2018
Artículo publicado en el Diario de Levante el 3 de octubre de 2018
Desde el principio de los tiempos el abuso sexual constituye uno de los tabúes más profundos que afecta a todas las culturas y civilizaciones y, tristemente, ya viene siendo habitual desayunarnos casi a diario con noticias de este tenor. Aunque no existe un perfil único de las víctimas, los expertos coinciden en que los abusadores las suelen buscar entre los seres más vulnerables, indefensos y desprotegidos. Por ello, los niños encabezan el grupo de riesgo más elevado y las consecuencias físicas y psicológicas que les acarrea son funestas.
Estas prácticas repugnantes se producen en los más diversos ámbitos, incluido el doméstico, y no conviene caer en el error de pensar que son las familias desestructuradas o de bajo nivel económico las más proclives a estas prácticas. La triste realidad es que tienen lugar de forma transversal en cada una de las clases sociales. Además, al llevarse a cabo en un entorno supuestamente afectivo, los niños dependen todavía más de esos adultos llamados a protegerles y de los que no pueden escapar. Por desgracia, al agravante sentimental se añade la circunstancia de que la comisión de los hechos suele ser más frecuente e impune. En consecuencia, tanto el Estado como los propios ciudadanos estamos llamados a tomar medidas para superar esta lacra que nos denigra como especie.
En el año 2015 se aprobaron una Ley y un Real Decreto cuya relevancia práctica está fuera de toda duda. La primera desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, y su objetivo es asegurar su protección y garantizar sus derechos en plenitud. El segundo crea y regula la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, para facilitar la prevención de este tipo de delincuencia cuando las víctimas sean menores de edad. El fin último no es otro que establecer un sistema eficaz para impedir que los autores de delitos sexuales tengan acceso o ejerzan profesiones, oficios u actividades que impliquen contactos habituales con menores.
En el citado Registro se incluyen los datos de los condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual y por trata de seres humanos con fines de explotación sexual (incluida la pornografía). Se incorpora asimismo el código genético (ADN), siempre que se establezca por resolución judicial, para posibilitar su seguimiento y control dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de mecanismos de cooperación con autoridades policiales y judiciales de otros países, particularmente del entorno de la Unión Europea (lamentablemente, se han producido en el pasado diversos casos de descoordinación entre las autoridades del Viejo Continente que ahora se pueden ya articular gracias a este instrumento).
La información sobre los inscritos no es pública, accediendo tan sólo a ella jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal y Policía Judicial y quedando siempre constancia de la gestión realizada. Además, dichos certificados pueden extenderse sin consentimiento de los interesados, siempre que exista una petición expresa de las entidades públicas de protección de menores (para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores) y de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación. Los propios interesados pueden igualmente solicitar la certificación, así como aquellos órganos de la Administración que lo precisen preceptivamente para un trámite, previo consentimiento de la persona afectada. En cualquier caso, se garantiza la gratuidad de la expedición del documento.
En la actualidad existen decenas de miles de condenados por agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores afectados por este Registro Central de Delincuentes Sexuales. Por este motivo, quienes pretendan trabajar con pequeños deben acreditar esa ausencia registral, desde trabajadores de guardería a Boy Scouts o desde catequistas a entrenadores deportivos, sin olvidar a los profesionales de la docencia. Confío en que, a través de medidas educativas, políticas y judiciales, este escenario tan demoledor mejore y que la inocencia y la felicidad infantiles no continúen siendo asesinadas ni abriendo las portadas de los informativos.
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