EL DESCANSO INDIVIDUAL FRENTE AL OCIO COLECTIVO

Artículo publicado en El Día el 13 de enero de 2023

Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 14 de enero de 2023

Por mucho tiempo que pase me sigue resultando muy sorprendente la ardorosa defensa del disfrute callejero por parte de determinados colectivos, sobre todo cuando quienes la llevan a cabo no forman parte del vecindario que padece el tormento correspondiente. Asimismo, me choca la aspiración a veces desmesurada de prohibir dichos divertimentos y aspirar al cierre de los locales que lo abrazan. Entonces, ¿son compatibles o excluyentes el derecho al descanso y el derecho al ocio? El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ambos, luego la clave, como en tantos otros ejemplos de contraposición de intereses legítimos, radica en lograr una conciliación ordenada y pacífica de uno y otro, aunque no resulte tarea fácil. Esta imprescindible avenencia de opciones contrapuestas se alza como uno de los grandes retos de las Administraciones, pero también lo es de la ciudadanía en su conjunto, puesto que el civismo se basa necesariamente en el respeto mutuo. 

Sin embargo, en nuestra sociedad el porcentaje ciudadano que reivindica sus derechos con contundencia supera con creces al del que asume responsablemente el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Como regla general, el derecho al descanso individual debería prevalecer sobre el derecho al ocio colectivo, aunque sin impedir de modo arbitrario el ejercicio de este. Para ello, existen una serie de ordenanzas municipales, de reglamentos nacionales y de directivas europeas que establecen el máximo nivel de ruido permitido y que, decibelios mediante, garantizan el tan necesario como exigible reposo del común de los mortales. Por eso, en otros países de nuestra esfera estos conflictos apenas se producen. Ni siquiera los perros ladran de noche, y no precisamente porque se trate de canes de otra galaxia, sino porque sus dueños y dueñas observan a pies juntillas la efectividad de los derechos más elementales del resto de los administrados. Y, aunque a más de uno le resulte pintoresco, el de poder dormir en condiciones es uno de ellos. 

En este punto enlazo con la polémica suscitada con relación al encendido navideño en la ciudad de Vigo, cuyo alcalde acaba de decidir alargar hasta el domingo 15 de enero, para desesperación de una notable cantidad de afectados y afectadas por las molestias que genera este rentable espectáculo de luz y sonido. Ese argumento, el económico, con el máximo edil a la cabeza, es el que esgrimen los partidarios de mantener este escenario hasta mediados del presente mes. Se trata fundamentalmente de profesionales del comercio y la hostelería que, desde que la urbe pontevedresa se ha convertido en referente de luminosidad mundial, hacen su agosto en Navidad. El hecho cierto es que numerosas víctimas del permanente estruendo ya se han unido en una plataforma con la que probablemente llevarán ante los Tribunales sus razonables pretensiones de paz y tranquilidad. Como suele suceder en situaciones similares asociadas a fiestas populares, la clase política se decanta por la opción más electoralista: tachar de insolidarios a los denunciantes y exigirles un plus de generosidad. 

No cabe duda de que es altamente deseable disfrutar de estas manifestaciones lúdicas y de dispersión, máxime cuando los beneficios que generan son tan indispensables para el desarrollo económico de sus entornos. Pero lo que ya no lo parece tanto es que tal goce se materialice a costa del perjuicio de niños, ancianos, enfermos, trabajadores o contribuyentes en general, sea por espacio de quince días o de cincuenta y dos fines de semana. ¿Resulta tan difícil de entender y tan costoso de aceptar que nuestra libertad se halla lógicamente limitada por la libertad de los demás? Porque, si esta argumentación se entiende y se acepta, tenemos la solución al alcance de la mano. Una solución que pasa por actuar desde el respeto y, por encima de todo, recurriendo al sentido común. Exigiendo nuestros derechos, sí, pero sin dejar de cumplir con nuestros deberes y obligaciones.