viernes, 6 de abril de 2018

LA ESCLAVITUD LABORAL CONTINÚA VIGENTE



Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 6 de abril de 2018

Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 7 de abril de 2018

Artículo publicado en el Diario de Levante el 11 de abril de 2018 




Hace algunas semanas el Presidente del Gobierno de España se comprometió a recibir en el Palacio de la Moncloa a una representación del colectivo de camareras de piso, conocidas popularmente como “Kellys”, para conocer de primera mano los problemas que sufren en el desempeño de su actividad profesional.  Se comenta que Mariano Rajoy quedó bastante impresionado con el discurso de una senadora canaria en defensa de estas mujeres que trabajan en condiciones más que precarias y manifestó que conforman una parte esencial del sector turístico, dado que contribuyen a la generación de riqueza y a la creación de empleo en nuestro país.

Invisibles hasta hace bien poco tiempo, “Las Kellys” -una asociación que lucha para visibilizar esta problemática- llevan más de un año movilizadas, en un intento de mejorar sus condiciones de trabajo. Su última iniciativa ha consistido en denunciar su situación ante el Parlamento Europeo y pedir el amparo de las instituciones de la Unión. Por fortuna, sus reclamaciones han sido escuchadas, básicamente la de que se cumpla la ley para disfrutar de un trabajo digno que lleve aparejada una carga justa, no una sobrecarga inasumible.

Desde la Comisión de Peticiones se ha solicitado a las autoridades españolas la correspondiente información sobre la aplicación de las normas europeas en materia de seguridad y salud de estas empleadas, quienes han expuesto ante los eurodiputados que sus derechos vienen siendo ninguneados desde hace mucho tiempo. Desde Europa se aguarda a que España clarifique su aplicación normativa porque, si bien el cumplimiento de las reglas europeas en materia de empleo son competencia de los Estados miembros, la Comisión es la responsable de supervisar su correcta aplicación.

No cabe duda de que “las que limpian” son un ejemplo sangrante de esclavitud laboral pendiente de abolición. Titulares de contratos de cuatro o seis horas, no trabajan por jornada sino por producción. En otras palabras, que suelen limpiar más de veinte habitaciones al día, lo que se traduce en unas cuatrocientas mensuales, y todo ello por un sueldo de apenas ochocientos euros. Basta con hacer una sencilla operación aritmética para saber cuánto cobran por hora. Increíble, pero cierto.

Su habitual maratón suele presentar este aproximado: empujar por los pasillos el carro con los productos de limpieza, barrer, fregar, quitar el polvo, ordenar el cuarto, subir y bajar las sábanas, cambiar las camas y encargarse de los baños. A menudo, desplazarse hasta la zona de la lavandería con la ropa sucia, meterla en la lavadora y, después de ponerla a secar, plancharla y doblarla para el siguiente uso. 

Entre sus patologías laborales reconocidas se encuentran las relacionadas con las extremidades superiores (manos y brazos). Sin embargo, los daños en la espalda no se consideran enfermedad profesional, por incomprensible que resulte. De hecho, siguen luchando por añadir a ese catálogo afecciones tales como las lesiones musculares. Y, por lo que respecta a la jubilación, se establece en los sesenta y siete años, edad a todas luces excesiva a tenor de la dureza de las actividades que realizan.     

Constituye, además, uno de los grupos más afectados por la presente reforma laboral, que prioriza los convenios empresariales sobre los sectoriales. Ahí se halla la razón por la que los hoteles reclutan a su personal a través de firmas externalizadas de servicios que, en ocasiones, esquivan la ley. Numerosos empleadores utilizan este subterfugio para pagar menores salarios, de tal manera que, como sucede con las limpiadoras, pasan a convertirse en una suerte de material desechable que, en puridad, no integra ninguna plantilla, con lo que ello supone de pérdida de derechos. Otra consecuencia negativa tiene su reflejo en el ámbito de la Seguridad Social, pues se cotizan menos horas de las que realmente se trabajan y, por consiguiente, disminuyen las contrataciones. 

En definitiva, tales abusos no son de recibo. Solo cabe esperar que las justas reivindicaciones de este colectivo se van satisfechas lo antes posible.

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