Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 2 de junio de 2017
Veinticuatro horas han sido más que suficientes para generarse la polémica en torno al escenario que se abrirá en nuestro país a partir del próximo 30 de junio, con la entrada en vigor de la reforma de la ley del Registro Civil. A partir de dicha fecha el apellido del padre dejará definitivamente de tener preferencia, de tal manera que ya no primará a la hora de inscribir a un hijo recién nacido. En otras palabras, los progenitores deberán ponerse de acuerdo, no sólo en el nombre de pila de su bebé, sino también en cómo se apellidará.
El asunto no es baladí dado que, en caso de que el plazo del desacuerdo parental supere las setenta y dos horas, la decisión final recaerá sobre un funcionario, atendiendo al interés superior del menor. La norma ofrece igualmente la opción de establecer el uso de los apellidos de ambos padres como primer apellido compuesto -con el fin de evitar su desaparición o, sencillamente, para que no resulte tan común-. Y, como ya sucedía hasta la fecha, se sigue previendo también la modificación del nombre cuando éste se considere atentatorio, contrario al decoro u ocasione graves inconvenientes a su portador.
Ni que decir tiene que ya se ha abierto la veda en lo que respecta a la expresión de las opiniones más dispares y el fenómeno no muestra visos de apaciguarse en un futuro próximo. Así, un nutrido grupo de defensores de la alternativa valora principalmente la total libertad a la hora de sumarse o no a ella. Descartan por completo la probabilidad de que vaya a suponer un motivo sobrevenido de discusión entre las parejas, que a esas alturas ya habrán debido elegir el nombre de pila de su bebé sin haberse expuesto por ello a una ruptura. Defienden que ningún apellido corre el riesgo de perderse por el mero hecho de eliminar la preferencia del masculino frente al femenino.
Incluso hacen referencia a la oportunidad de reconsiderar algunos usos tradicionales de épocas pretéritas que, en su opinión, ya no tienen sentido a día de hoy. Pero, por encima de todo, argumentan que se trata de otra vía más para la aproximación a la igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo que recuerdan que, a diferencia de España, en países como Estados Unidos o Gran Bretaña se suele conservar sólo el apellido paterno, perdiéndose el materno por el camino. En todo caso, conviene tener presente que, cuando el afectado alcance la mayoría de edad, podrá alterar de nuevo el orden de sus apellidos si así lo desea.
Para los detractores, por el contrario, se trata de un error gravísimo. Ellos aluden, entre otros, a motivos históricos para esgrimir que primar el apellido paterno significa que el progenitor acepta al vástago como suyo, además de constituir un sistema adecuado que permite al hijo saber de dónde proceden sus ancestros desde un punto de vista genealógico. Detrás de esta modificación legislativa tan sólo perciben la generación de un conflicto creado de la nada y el riesgo cierto de sembrar el caos donde antes había orden. En definitiva, la enésima victoria en la senda de la destrucción de los cimientos familiares. Y, en consecuencia, tildan esta iniciativa de ocurrencia propia de políticos que suscitan problemas donde no los hay, a la par que no solucionan los ya existentes.
Para poner la imprescindible nota de color, tampoco falta ese sector de opinadores -a medio camino entre la ironía y el tremendismo- que augura la desaparición en un par de generaciones de todos los Pérez, García o Martínez de la faz de la tierra, y que propugna que, puesto que es posible decidir el nombre de la criatura, lo suyo sería incluso inventarse sus apellidos. Prefiero no pensar en ese ulterior abanico “a gusto del consumidor” destinado a los inocentes neonatos. Desde luego, da la impresión de que algunas sugerencias las carga el diablo.
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