Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 2 de marzo de 2018
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 3 de marzo de 2018
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 3 de marzo de 2018
En los últimos tiempos
los medios de comunicación se han hecho eco de una serie de gravísimas noticias
provenientes de las denominadas “nacionalidades”, concepto acuñado en el controvertido
título VIII de nuestra vigente Carta Magna y que ha degenerado con el paso del
tiempo hasta el punto de convertir a España en lo que hoy es: una Nación en
riesgo de liquidación. Solo así se explican iniciativas tan lamentables como el
órdago independentista en Cataluña.
Una de esas recientes
informaciones alude a la exigencia por parte del Gobierno balear del
conocimiento de la lengua catalana para ejercer la Medicina en sus preciosas
islas mediterráneas. Como protesta ante la pretendida adopción de la medida,
miles de personas salieron a las calles de Palma de Mallorca la pasada semana bajo el lema “Los
idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas”.
Los manifestantes solicitaban que el personal sanitario no se viera obligado a cumplir el requisito de aprender catalán para poder promocionarse laboralmente dentro de los centros sanitarios públicos del archipiélago. A tal extremo llega el desvarío de sus gobernantes que conceden más importancia al conocimiento del idioma que a las concretas especialidades médicas, obligando de ese modo a marcharse de la Comunidad Autónoma a numerosos facultativos y, simultáneamente, a no poder ir a trabajar allí a otros muchos.
Los manifestantes solicitaban que el personal sanitario no se viera obligado a cumplir el requisito de aprender catalán para poder promocionarse laboralmente dentro de los centros sanitarios públicos del archipiélago. A tal extremo llega el desvarío de sus gobernantes que conceden más importancia al conocimiento del idioma que a las concretas especialidades médicas, obligando de ese modo a marcharse de la Comunidad Autónoma a numerosos facultativos y, simultáneamente, a no poder ir a trabajar allí a otros muchos.
Todo parece indicar,
pues, que aquel supuesto espíritu constructivo que sobrevoló la Transición a la
democracia y que inspiró la actual Constitución Española no fue ni tan
constructivo ni tan espiritual. Los siete firmantes del texto ya se encargaron
de sentar unas bases lo suficientemente indefinidas como para hacer buena la
inevitable máxima de “pan para hoy y hambre para mañana”. Y, por desgracia, a
casi cuarenta años vista, el diablo llama a la puerta, impaciente por cobrarse
la deuda de la fragmentación definitiva.
Porque es ahora, al cabo
de dos generaciones de estudiantes convenientemente manipulados en las aulas,
cuando se está materializando aquel resultado largamente soñado por muchos. Las
transferencias autonómicas en materia de Sanidad, Justicia y Educación han
servido para crear flagrantes desigualdades entre españoles en función del
territorio en el que habitan. Concretamente en materia educativa, los Gobiernos
de Cataluña y el País Vasco de las tres últimas décadas se han marcado como
objetivo prioritario trasladar a las aulas una versión falsa de la Historia de
España, a la medida de sus objetivos electorales, y en la actualidad están
recogiendo los frutos de esa siembra.
Asimismo, los dos partidos mayoritarios del país, sometidos al número necesario de votos para llegar a la Moncloa, han sido sistemáticamente cómplices de estos atropellos. Si a ello se añade la figura de la inmersión lingüística, entendida no como loable defensa de las lenguas específicas sino como rechazo frontal a la lengua común, el conflicto está servido y sin visos de resolverse a corto plazo.
Asimismo, los dos partidos mayoritarios del país, sometidos al número necesario de votos para llegar a la Moncloa, han sido sistemáticamente cómplices de estos atropellos. Si a ello se añade la figura de la inmersión lingüística, entendida no como loable defensa de las lenguas específicas sino como rechazo frontal a la lengua común, el conflicto está servido y sin visos de resolverse a corto plazo.
Por si no fuera
suficiente, algunos mandatarios irresponsables se han permitido el lujo de
reírse del Estado de Derecho incumpliendo todas y cada una de las sentencias
que les obligaban a impartir educación en castellano, enésimo ejemplo de su
falta de respeto a las leyes, al Poder Judicial y a los afectados directamente
por esa actitud discriminatoria y desafiante de la que hacen gala.
¿Cómo es posible que vivamos en un país donde los escolares no puedan estudiar con libertad (insisto, con libertad) en la única lengua común a todos ellos? ¿Decir esto equivale a no respetar el resto de las lenguas cooficiales? ¿Decir esto implica ser de izquierdas o de derechas? En absoluto. Decir esto significa, sencilla y llanamente, aborrecer la instrumentalización política de las lenguas y exigir, con la Constitución en la mano, la protección de los Derechos Fundamentales que tanto esfuerzo costó conseguir.
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