Percibo con enorme tristeza el inicio de una cruzada anticlerical por parte del principal partido de la oposición que consiste en reclamar a la Iglesia Católica el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de sus propiedades no destinadas al culto. Esta iniciativa se llevará a cabo a través de la interposición de mociones municipales en aquellos ayuntamientos en los que PSOE e IU cuenten con representación política.
Argumentando que todos los ciudadanos hemos de realizar un esfuerzo colectivo para salir de la crisis, los promotores de esta idea olvidan que es justamente la desinteresada labor social de entidades como Cáritas Diocesana (a la que pertenezco desde hace décadas) la que ha salvado de la marginación a casi dos millones de españoles a quienes las Administraciones Públicas les habían dado previamente con la puerta en las narices.
Si a este dato se añaden otras muchas estadísticas provenientes de organizaciones como Manos Unidas -que también hunde sus raíces en la Iglesia- o de hospitales, centros sociales y asilos atendidos por congregaciones religiosas y que conforman la mayor red asistencial de nuestro país, semejante acoso resulta injusto y desproporcionado. Lo que tendría que ser un reconocimiento unánime y un agradecimiento en toda regla se ha convertido en un discurso meramente demagógico por parte de aquéllos que durante sus ocho años en el Gobierno central no movieron ni un solo dedo para cambiar los términos del Concordato con la Santa Sede ni expresaron su malestar delante de los cardenales y obispos con los que compartieron numerosos actos públicos, genuflexiones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega incluidas.
Además, en el colmo de la incoherencia, quienes embisten invariablemente contra el credo católico cierran la boca frente a las demás confesiones religiosas que, por cierto, gozan de idéntico tratamiento fiscal, al igual que los propios partidos políticos, sindicatos, federaciones deportivas, hoteles como el Palace y el Ritz o instituciones como la escandalosa SGAE.
Paguemos, pues, pero paguemos todos. Y, de paso, tras una obligada autocrítica, reconozcamos los errores de la Iglesia -que son muchos y muy graves- pero también sus enormes aciertos, entre ellos una labor social que le supone a las arcas del Estado un ahorro de 20.000 millones de euros. Sin ir más lejos, los Servicios de Apoyo al Empleo y a la Formación de Cáritas España atendieron en 2011 a un total de 80.417 personas, de las que un 68% eran mujeres. De ellas, el 16% consiguió un puesto de trabajo, una muestra de eficacia cinco veces superior a la del Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Será por eso que esta admirable ONG ha doblado su número de afiliados desde que comenzó la crisis. Porque obras son amores y no buenas razones.
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