Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 11 de junio de 2012
En esa alta gama se han ido desarrollando las noticias de la última semana, entre hoteles de cuatro estrellas y cárceles de lujo. Porque no eran cinco las que lucían los establecimientos –él debe considerarlos meras pensiones- en los que se alojaba el presidente del Tribunal Supremo durante sus frecuentes estancias marbellíes. Tal vez si el quinto asteroide hubiera lucido en los neones de sus resorts, el ínclito jurista se habría planteado la posibilidad de dimitir, aunque me temo que tampoco. Debe ser porque tengo más que comprobado que en este país de pandereta nadie dimite, ya que, como le pasa al refinado Dívar, los miembros de las altas esferas “tienen la conciencia absolutamente tranquila y no cometen ninguna irregularidad jurídica, moral o política”. Una conciencia así se la voy a pedir yo a los Reyes Magos en mi carta de 2013. Además, ¿qué problema hay en convertir actos de horas en facturas de días? ¿O en compartir cenas de carácter oficial con personas cuyo nombre no puede trascender para no atentar contra su intimidad? Ninguno, porque, en el hipotético caso de que cualquiera de estos personajes diera con sus huesos en prisión, las mentes más progresistas ya se han encargado de diseñar las cárceles del futuro, una de las cuales –la de Pamplona- acaba de ser inaugurada por el titular de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz.
La penitenciaría navarra cuenta con dos instalaciones: la cárcel en sí y un centro de inserción social. Entre sus modernas edificaciones se encuentra el módulo de comunicaciones, con veintiséis locutorios para conversaciones privadas, doce salas para visitas de familiares y otras doce habitaciones para el mantenimiento de relaciones sexuales. También se ha construido un bloque deportivo y cultural compuesto por un gimnasio, un polideportivo cubierto, vestuarios, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales, aulas, despachos y hasta un auditorio. Asimismo, las celdas han ampliado su superficie en un treinta por ciento y los internos podrán disfrutar de diversos talleres destinados al desarrollo de programas ocupacionales y de formación. Eso sí, el circunspecto Fernández Díaz aclaró que, finalmente, no se van a instalar los más de setecientos televisores de plasma adquiridos, ni se va a poner en marcha la piscina cubierta, debido a que "dentro de la política de ajustes presupuestarios, no podemos permitirnos ese lujo”. ¡Qué detalle! Y, tras el brindis de rigor, se volvió a su despacho del Ministerio dejando a la mayoría de mis paisanos con ganas de cometer un delito para, de ese modo, poder acceder a semejante paraíso de reinserción.
Para rematar la faena, en el Boletín Oficial del Estado ya luce la orden ministerial que regula la polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La nueva normativa incluye facilidades adicionales para los defraudadores, como la posibilidad de legalizar también el dinero en efectivo que estaba oculto sin que el titular tenga que justificar su origen. Los ministros del ramo prefieren denominar a esta conducta tan edificante “declaración tributaria especial” y garantizan que “tendrá carácter reservado”, no vaya a ser que los narcotraficantes, contrabandistas, proxenetas y demás ralea reconsideren su postura colaboracionista.
Los mensajes que se transmiten a la ciudadanía no pueden ser más desoladores. ¿Para qué sirve ser honrado y cumplidor? ¿Acaso es justo que quien ha cometido un delito goce de prerrogativas que no merece mientras que sus víctimas no tienen acceso a ellas si no es pagando y mucho? Más aún, ¿alguna vez veremos entre rejas a los responsables de que estemos al borde del precipicio, llámense políticos, banqueros o juristas?
No somos tan necios como para no saber que entre la mazmorra del Conde de Montecristo y los calabozos de diseño existe un término medio. Ni como para no exigir responsabilidades civiles y penales a quienes nos han llevado a la ruina no sólo económica sino también ética, ésos que deberían ocupar dichos calabozos cuanto antes.
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