Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 6 de septiembre de 2013
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 8 de septiembre de 2013
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 8 de septiembre de 2013
Transcurrida
la época estival, nos sumergimos nuevamente en la vorágine de la actualidad
patria sin haber saneado un ápice los principales problemas que asolan a la
piel de toro. Este “más de lo mismo” es francamente desasosegante. Nuestra
ínclita clase política (sea nacional, autonómica o municipal) retorna a los
despachos dispuesta a mantenerse en sus respectivas poltronas llueva, nieve o
truene. “El que resiste, gana”, deben pensar no sin razón. Y, mientras tanto,
las estructuras sistémicas de lo que en su día se llamó España siguen con la
galopante aluminosis que precede a su más que segura demolición. No voy a
extenderme aquí y ahora haciéndole la autopsia al cadáver de la nación. Me
limitaré a, como dice la máxima, ofrecer como muestra un botón.
Un
padre de familia va a verse obligado a rechazar un trabajo en Galicia para
evitarle a su hijo la cuarta inmersión lingüística. El pequeño, que actualmente
tiene ocho años, ya ha pasado tres veces por otros tantos periodos de
escolarización, primero en castellano, después en valenciano y finalmente en
catalán, como consecuencia de los traslados laborales de su familia a Valencia
y Mallorca, respectivamente. Y en tierras gallegas le espera la cuarta, porque
ya les han advertido a sus progenitores de que la posibilidad de que el niño
estudie en español es infinitesimal. Entre otras cosas, porque 4.500 profesores
de centros públicos se han declarado insumisos a enseñar en el único idioma
común de todos los ciudadanos de este país. Se ve que cada vez hay más gente decidida
a incumplir con los preceptos constitucionales a discreción (véase la
pretensión de referéndum sobre la independencia de Cataluña que sobrevuela en
el horizonte y que se carga directamente el artículo 1 de la Carta Magna. El 1,
que se dice pronto…). En este caso,
basta con avanzar mínimamente en el articulado (artículo 3.1: “El castellano es
la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla”.
Pero
aquí no pasa nada. Da lo mismo que el que gobierne sea popular o socialista (no
digamos nacionalista). Poner negro sobre blanco estos despropósitos es cosa de
individuos demagógicos y desestabilizadores que no entienden nada y que son
incapaces de valorar la importancia del sacrosanto consenso. O sea, como yo. Por
lo visto, denunciar que un chaval de Primaria haya tenido que cambiar tres
veces de idioma vehicular en su educación sin haberse mudado de país es una
osadía. Pues, qué quieren que les diga, en mi opinión ni es lógico, ni
educativo, ni aumenta su acervo cultural. Más bien le lleva a él al fracaso
escolar y a los suyos al paro. Así de simple. Lo demás son brindis al sol
patrocinados por quienes tan sólo aspiran a seguir gobernando, aunque para eso tengan
que aliarse con el mismísimo diablo. Que no se pueda estudiar en castellano en
determinadas zonas de España nos coloca a la altura del betún. Semejante
circunstancia no sucede en ningún otro lugar del mundo.
También en esto somos,
por desgracia, diferentes. De modo que me
reafirmo una vez más en lo que ya expresé hace algunos meses: ¿Cómo es posible
que vivamos en un territorio donde los escolares no puedan estudiar con
libertad en la única lengua común a todos ellos? ¿Decir esto equivale a no
respetar al resto de las lenguas cooficiales? ¿Decir esto implica ser de
izquierdas o de derechas? En absoluto. Decir esto significa, sencilla y
llanamente, aborrecer la utilización de las lenguas al servicio de las
ideologías y exigir, con la Constitución en la mano, el cumplimiento de los
derechos fundamentales que tanto nos costó conseguir.
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