Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 25 de abril de 2014
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 25 de abril de 2014
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 25 de abril de 2014
Que España es diferente está fuera de toda
duda. A veces, para bien. Otras, como en este caso, para peor que mal. Porque
está visto que, en lo referente a prebendas a determinados sectores sociales,
no tenemos rival. En este sentido, creo que ya es hora más que pasada de denunciar
alto y claro que la figura del aforamiento es, además de un anacronismo legal,
la enésima demostración de que la Justicia no es igual para todos, por mucho
que la literalidad del artículo 14 de la vigente Constitución Española defienda
lo contrario.
Nuestro país es actualmente la democracia que reúne el mayor número de aforados del mundo. Se estiman en torno a diez mil los compatriotas que gozan de esta protección jurídica especial, que implica la alteración en su beneficio de las reglas de competencia judicial penal y que les otorga el derecho a ser encausados y juzgados por determinados Tribunales previamente señalados. La extensa lista de agraciados engloba desde el Jefe del Ejecutivo a los Ministros, los Diputados y Senadores nacionales y los Presidentes, Consejeros, parlamentarios y altos cargos autonómicos, pasando por los vocales del Poder Judicial, los Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los Fiscales de Sala del TS y de la AN, por no hablar del Defensor del Pueblo y de sus homólogos en las Comunidades Autónomas y sus adjuntos, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, del Fiscal Togado, de los Altos Mandos del Ejército, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y hasta de la Policía Local. Algunos están aforados al TS, otros a los Tribunales Superiores de Justicia y otros a las Audiencias Provinciales, pero todos ellos comparten idénticas ventajas. Completa la nómina Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que ejerce la Jefatura del Estado con desigual fortuna.
Ante semejante panorama, resulta sumamente sencillo entender por qué a los partidos políticos les interesa tanto el control del Consejo General del Poder Judicial. La razón es que se trata del órgano que nombra a los integrantes de esos Tribunales llamados a enjuiciar a los representantes del pueblo, de tal manera que, indirectamente, son éstos mismos quienes a la postre eligen a los jueces que les imputarán y juzgarán cuando el delito se cruce en su camino. Pero la perplejidad alcanza cotas insospechadas al comprobar que esta suerte de atropello no sucede en ningún país mínimamente serio de nuestro entorno. La situación que se vive en España es una auténtica vergüenza contemplada dentro el ámbito internacional, ya que las comparaciones resultan más odiosas que nunca. Las cifras hablan por sí solas. En Francia, la medida alcanza al Presidente de la República, al Primer Ministro y a los miembros del Gobierno. En los casos de Portugal e Italia, la regalía se reduce al primer mandatario. Pero es que en Alemania no existe ni un solo beneficiario de este privilegio, al igual que en Gran Bretaña o en Estados Unidos. El contraste es espeluznante. La conclusión, bochornosa.
Enmendar de raíz este trato tan injustificado no es tarea fácil, puesto que conlleva la modificación tanto de la Carta Magna como de los Estatutos de Autonomía. El Fiscal General del Estado acaba de abordar la cuestión recientemente, mostrándose favorable a estudiar una reducción de los aforamientos. Mucho me temo que sea otra pose más de cara a la galería. Pero lo que parece indiscutible es que, si aspiramos a ser una nación moderna que respeta sin ambages el principio de igualdad ante la ley, la figura de marras debería desaparecer cuanto antes, circunstancia harto difícil si su supresión depende de la voluntad de los propios aforados. Es el enésimo ejemplo de que nuestro Estado de Derecho es más aparente que real y de que sigue dejando mucho que desear.
Nuestro país es actualmente la democracia que reúne el mayor número de aforados del mundo. Se estiman en torno a diez mil los compatriotas que gozan de esta protección jurídica especial, que implica la alteración en su beneficio de las reglas de competencia judicial penal y que les otorga el derecho a ser encausados y juzgados por determinados Tribunales previamente señalados. La extensa lista de agraciados engloba desde el Jefe del Ejecutivo a los Ministros, los Diputados y Senadores nacionales y los Presidentes, Consejeros, parlamentarios y altos cargos autonómicos, pasando por los vocales del Poder Judicial, los Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los Fiscales de Sala del TS y de la AN, por no hablar del Defensor del Pueblo y de sus homólogos en las Comunidades Autónomas y sus adjuntos, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, del Fiscal Togado, de los Altos Mandos del Ejército, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y hasta de la Policía Local. Algunos están aforados al TS, otros a los Tribunales Superiores de Justicia y otros a las Audiencias Provinciales, pero todos ellos comparten idénticas ventajas. Completa la nómina Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que ejerce la Jefatura del Estado con desigual fortuna.
Ante semejante panorama, resulta sumamente sencillo entender por qué a los partidos políticos les interesa tanto el control del Consejo General del Poder Judicial. La razón es que se trata del órgano que nombra a los integrantes de esos Tribunales llamados a enjuiciar a los representantes del pueblo, de tal manera que, indirectamente, son éstos mismos quienes a la postre eligen a los jueces que les imputarán y juzgarán cuando el delito se cruce en su camino. Pero la perplejidad alcanza cotas insospechadas al comprobar que esta suerte de atropello no sucede en ningún país mínimamente serio de nuestro entorno. La situación que se vive en España es una auténtica vergüenza contemplada dentro el ámbito internacional, ya que las comparaciones resultan más odiosas que nunca. Las cifras hablan por sí solas. En Francia, la medida alcanza al Presidente de la República, al Primer Ministro y a los miembros del Gobierno. En los casos de Portugal e Italia, la regalía se reduce al primer mandatario. Pero es que en Alemania no existe ni un solo beneficiario de este privilegio, al igual que en Gran Bretaña o en Estados Unidos. El contraste es espeluznante. La conclusión, bochornosa.
Enmendar de raíz este trato tan injustificado no es tarea fácil, puesto que conlleva la modificación tanto de la Carta Magna como de los Estatutos de Autonomía. El Fiscal General del Estado acaba de abordar la cuestión recientemente, mostrándose favorable a estudiar una reducción de los aforamientos. Mucho me temo que sea otra pose más de cara a la galería. Pero lo que parece indiscutible es que, si aspiramos a ser una nación moderna que respeta sin ambages el principio de igualdad ante la ley, la figura de marras debería desaparecer cuanto antes, circunstancia harto difícil si su supresión depende de la voluntad de los propios aforados. Es el enésimo ejemplo de que nuestro Estado de Derecho es más aparente que real y de que sigue dejando mucho que desear.
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