EL DRAMA DEL DESAHUCIO

Hace casi dos años publiqué un artículo titulado “Los jueces les ajustan las cuentas a los banqueros” en el que hacía referencia a un auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que admitía la dación en pago en el concreto caso de un ciudadano que no podía hacer frente al pago de la hipoteca de su casa. Para consultar su contenido, de máxima actualidad, basta con pinchar el enlace adjunto: 

http://www.laopinion.es/firmas/2011/02/15/jueces-les-ajustan-cuentas-banqueros/330091.html


Abundando en el mismo tema, leo en la prensa de hoy que “el Partido Popular está decidido a frenar la escalada de desahucios con normas eficaces” y que “el Partido Socialista propone que los bancos rescatados alquilen los pisos embargados”.

Mientras tanto, una mujer en paro, separada y con tres personas (dos de ellas, menores) a su cargo, lleva acampada desde el domingo delante de una sucursal de Bancaja –entidad perteneciente al grupo Bankia- situada a escasos metros de mi lugar de trabajo. La acaban de desahuciar de su vivienda y ha iniciado una huelga de hambre para que le permitan acceder a un alquiler social.

No sé si Carmen –que así se llama esta madre desesperada- habrá tenido la desgracia añadida de leer las declaraciones que Juan Manuel Suárez del Toro -ex consejero de Bankia y todavía presidente de la Caja Insular de Ahorros de Canarias- realizó el pasado lunes ante el juez que investiga la  gestión financiera de dicho grupo bancario. Por su bien, espero que no.

En ellas, el imputado confesó poseer escasos conocimientos de economía y aseguró que la misión que tenía encomendada se reducía a “asistir a las reuniones del Consejo y votar lo que le indicaban, lo que siempre hizo por entender que eran las mejores decisiones que se podían tomar dentro del grupo financiero”. Acto seguido, volvió a su despacho para seguir cobrando un sueldo millonario en agradecimiento a su obediencia proverbial.

Es obligatorio recordar que la Audiencia Nacional empezó a investigar el caso Bankia el pasado 4 de julio, tras admitir a trámite la querella presentada por la formación política Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En dicha querella se sostiene que, con la salida a Bolsa, sus administradores cometieron delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. 

Asimismo, conviene no olvidar que el Estado ha procedido al rescate del citado grupo bancario inyectándole 23.500 millones de euros a fin de garantizar su viabilidad financiera, una cifra sustancialmente superior a la que esperaban los analistas y una autentica locura de gasto en plena recesión económica, con el país presionado por los mercados internacionales para que reduzca el déficit público y gaste lo justo y necesario.

El drama del desahucio exige soluciones inmediatas que pasan inevitablemente por la definitiva implicación de una Banca cuya elevada cuota de responsabilidad en la crisis que nos asola está fuera de toda duda. La dación en pago es una de ellas, aunque no la única. En todo caso, tanto los partidos mayoritarios como el Poder Judicial deben formar un frente común si, al menos, no quieren asistir al hundimiento definitivo de buena parte de esa ciudadanía a la que están obligados a servir.