LAS NUEVAS TASAS JUDICIALES LIMITAN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo publicado en la revista de habla hispana "La Ruptura" el 11 de noviembre de 2012

El Gobierno de España acaba de presentar un Proyecto de Ley sobre la exigencia de tasas judiciales para interponer demandas o recursos ante la Administración de Justicia que ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, hallándose actualmente en fase de debate en la Cámara Alta. Dicha iniciativa impone el pago generalizado de un tributo a quienes soliciten de los tribunales la resolución de un conflicto. Quedan excluidos determinados procedimientos -como los relativos a filiación, menores, guarda y custodia, alimentos, derechos fundamentales o monitorios de reclamaciones inferiores a dos mil euros-, así como los que afecten a ciertas personas e instituciones -como el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas o los ciudadanos susceptibles de acudir a la justicia gratuita-.

El pago es doble ya que, primeramente, se establece el abono de una cuota fija cuya cuantía varía en función del tipo de procedimiento -desde ciento cincuenta euros el más barato hasta mil doscientos el más caro- a la que, después, ha de añadírsele otra cantidad variable situada en torno al 0,5% del importe de dicho procedimiento. En resumidas cuentas, con la entrada en vigor de esta medida, el acceso a la Justicia se encarecerá más, acarreando consecuencias muy negativas.

Así, a los honorarios de abogados, procuradores y peritos, se añadirá una nueva tasa que, por desgracia, disuadirá a muchas personas a la hora de defender sus derechos delante de un juez. La triste realidad es que no les compensará en absoluto dar ese paso, y no solamente por el desembolso económico que implica sino, además, por los retrasos que padecen los juzgados en nuestro país y por la notable falta de seguridad jurídica que rodea al resultado final de su pretensión.

Es innegable que la Justicia con mayúsculas corre el peligro evidente de verse reducida al ámbito de aquellos litigantes que, o bien disfrutan de una posición económica desahogada o bien poseen unos elevados niveles de paciencia y sacrificio que les animan a realizar un esfuerzo que pocas veces se verá recompensado.

En estos tiempos en los que, con la excusa de la crisis económica, se están llevando a cabo durísimos recortes en algunas prestaciones esenciales, esta medida dejará fuera del acceso a los tribunales a un importante sector de la población. ¿Cómo se podrá defender entonces la máxima de que la Justicia es igual para todos si la definición de España como Estado de Derecho  y el concepto de tutela judicial efectiva no son más que meros conceptos vacíos de significado?

Es lamentable que nuestros gobernantes no reparen en que, limitando los servicios públicos, hacen irreconocible el modelo estatal que en su momento decidimos ser. Porque, de la misma manera que nuestro Estado Autonómico de hoy en nada se parece al de principios de los ochenta, es más que probable que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de mañana apenas se parezca al que establecimos en nuestra vigente Carta Magna. Y esa deriva terminará por perjudicar seriamente a la misma ciudadanía a la que están obligados a servir y ante la que tienen que rendir cuentas.

http://www.feriadeldivorcio.com/2012/11/11/las-nuevas-tasas-judiciales-limitan-el-acceso-a-la-justicia/