En febrero del
pasado año escribí un artículo que se publicó en el periódico “La Opinión de
Tenerife” titulado BEBÉS ROBADOS: UN DRAMA SIN FECHA DE CADUCIDAD, en el que
exponía mi visión acerca de esta pesadilla tan atroz.
Facilito su enlace
a continuación:
La reciente muerte
de sor María Gómez Valbuena, hasta la fecha la única persona imputada en dos de
las causas que se siguen por una trama de bebés robados para ser dados en
adopción, supondrá el archivo de las mismas si, al menos, no aparecen nuevos
indicios que señalen a otros posibles culpables.
Estas horrendas
prácticas tuvieron como escenarios clínicas y hospitales de toda España desde
la década de los cincuenta a la de los noventa. A consecuencia de ello, existen
dos millares de denuncias interpuestas, de las que han prosperado tan solo unas
pocas. La mayoría de ellas o han sido archivadas o languidecen víctimas de la
dificultad de su investigación.
De momento, las
reclamaciones ante los Juzgados apenas están dando fruto, si bien el Ministerio
de Justicia se ha comprometido a poner a disposición de los afectados nuevos
recursos como el Banco de ADN. Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió
un informe el pasado mes de diciembre instando a la unificación de criterios y
a la búsqueda activa de pruebas con el fin de dar un nuevo impulso a la vía
judicial en lo relativo a esta materia tan delicada.
Considero que es lo
mínimo que puede exigir nuestra sociedad para preservar la moral colectiva,
máxime cuando las evidencias de que se ha cometido una escandalosa injusticia
con miles de conciudadanos son tan palpables. Circunstancias tan estremecedoras
no pueden quedar impunes. El Tercer Poder, pues, debe realizar su trabajo con
diligencia y celeridad.
La verdad no se
puede esconder.
Los culpables deben
pagar.
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