Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 2 de febrero de 2013
La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia acaban de reivindicar un aumento de los medios materiales y personales en los Juzgados para combatir la corrupción y eliminar la sensación de impunidad que rodea los recientes casos de indultos concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, han reclamado una justificación de los mismos ya que, desde que Alberto Ruiz Gallardón se ha hecho cargo del Ministerio de Justicia, se han convertido en sinónimo de arbitrariedad.
Con el ánimo de clarificar la figura en cuestión, diré que se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena impuesta y que se aplica a personas concretas. En España se otorga por el Rey a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
La protesta ha nacido a raíz de que el Ejecutivo, haciendo uso de esa facultad que le confiere la ley, ha indultado a determinados condenados que, de un modo u otro, le son sospechosamente afines. En otras palabras, los últimos casos que han saltado a las primeras planas de los medios de comunicación suponen una estafa al Estado de Derecho y una burla a quienes formamos parte de la Administración de Justicia, por no hablar de esos miles de reos que, carentes de influencias, se ven abocados a cumplir sus penas íntegramente.
Seguro que más de uno me tachará de demagoga pero, en mi humilde opinión, la demagogia consiste en utilizar la democracia en favor de una sola parte de la sociedad y en pervertir las normas con la finalidad de defender intereses privados que atentan contra el interés general.
Este fraude a la sociedad no es achacable a un único partido político sino que se practica por gobernantes de todo pelaje. Cómo olvidar la compasiva benevolencia de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, como muestra de su inclinación natural hacia los más necesitados, otorgó el preciado galardón al vicepresidente del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, en atención a sus delitos de acusación y denuncia falsa.
Lo cierto es que el Partido Popular, decidido a no ser menos que sus colegas socialistas, ahora se está cubriendo de gloria al favorecer a individuos cuyas actuaciones constituyen un dechado de escándalo, entre ellos los cuatro Mossos d’Esquadra que torturaron a un hombre al que confundieron con un atracador o los dos miembros de Unió Democràtica de Catalunya acusados de malversación de fondos. En el caso de este par de correligionarios de Duran y Lleida -huésped permanente del Hotel Palace- Gallardón ha apelado a razones humanitarias y de edad para justificar su decisión. Conmovedor.
Pero, probablemente, la resolución más flagrante es la que concierne a un sujeto que, tras conducir varios kilómetros en sentido contrario, colisionó frontalmente contra un turismo en el que viajaba una pareja -el conductor falleció y su acompañante sufrió graves lesiones-, máxime al hacerse público que uno de los hijos del Ministro presta sus servicios profesionales en el bufete de abogados encargado de la defensa del delincuente indultado. Desde el Ministerio se limitan a echar balones fuera y a recordar que los indultos son potestad gubernamental y, como tal, no competen al Poder Judicial. En otras palabras, que ellos hacen de su capa un sayo y, además, no están obligados a dar explicaciones.
Convencida de que las cosas se pueden y, sobre todo, se deben hacer de otra manera, me uno a las Asociaciones de Jueces que exigen cambios profundos y urgentes en esta materia. Miedo da pensar hasta dónde vamos a llegar.
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