MANIPULACIÓN POLÍTICA A DISCRECIÓN

Potenciar las instituciones de democracia directa es una opción más que deseable. Tratar de que los ciudadanos se impliquen en mayor medida en las decisiones que les afectan, amén de aumentar el nivel de calidad democrática, disminuiría esa enorme zanja que les separa de sus dirigentes. Porque cuando el pueblo se siente partícipe de las resoluciones adoptadas, cuando percibe que su opinión es tenida en cuenta, cuando se insta a su participación, disminuye esa desafección con respecto a su sistema de gobierno. 

Así ocurre en aquellos Estados en los que el referéndum es una fórmula cotidiana de participación popular. Sin embargo, en otros países -España entre ellos- se pretende consolidar la democracia por el mero hecho de convocar a los votantes a las urnas cada cuatro años, a través de un sistema electoral que provoca cada vez mayor desidia y falta de interés. En todo caso, cualquier mecanismo destinado a mejorar la salud del sistema constitucional debe usarse correctamente porque, de lo contrario, termina por desvirtuarse. Y es trascendental concretar quién hace las consultas, cómo y para qué, porque las reglas de la democracia se deben cumplir y respetar. Constituye, pues, un craso error convocarlas por quienes no son competentes, o de forma contraria al ordenamiento jurídico, o sin un motivo legítimo. Sirva de ejemplo el proceso soberanista catalán, a través del cual sus impulsores, saltándose la legalidad a la torera, están decididos a llevar a Cataluña a un callejón sin salida.

La triste realidad es que, abierta la veda, es ahora el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, quien, en un golpe maestro, ha pedido autorización al Ejecutivo de Mariano Rajoy para llevar a cabo una consulta ciudadana en relación a las prospecciones petrolíferas previstas por la empresa Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. He aquí la pregunta del Ejecutivo isleño: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?” 

Indudablemente, nada resultaría más democrático, bienintencionado y loable que consultar a ese pueblo llano, si no fuera por el pequeño detalle de que, para dicha consulta, sería imprescindible que éste tuviera alguna capacidad de decisión. Pero, duela o no duela, a día de hoy no tiene ningún sentido preguntar a los habitantes de las respectivas Comunidades Autónomas sobre cuestiones que no se incluyen en su ámbito de decisión. Y Paulino Rivero lo sabe muy bien.

De hecho, son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que establecen que la competencia para autorizar prospecciones o explotaciones petrolíferas submarinas corresponde en exclusiva al Estado español, no a las CC.AA. El TC estableció precisamente dicho criterio al desestimar un recurso interpuesto por el propio Gobierno de Canarias contra un artículo que avalaba la competencia estatal de autorizar actividades de investigación o explotación petrolífera en el subsuelo marino. Distinto es que se luche por cambiar ese statu quo pero, de momento, ahí está, bendecido por las leyes, guste o no.

Por lo tanto, si la competencia no es autonómica y si la decisión no depende de las islas, ¿de qué sirve consultar a sus gentes? La explicación no deja lugar a dudas: se trata de una maniobra urdida por el líder de Coalición Canaria y sus colaboradores más estrechos para desgastar políticamente a sus enemigos (los de fuera y, cómo no, los de dentro de su propia formación política), utilizando para ello a la ciudadanía como arma arrojadiza, con el único objetivo de asegurarse la reelección para un tercer mandato presidencial. Mucho me temo que, pase lo que pase, tiene el éxito asegurado.

Punto final.