LEGALIDAD, LEGITIMIDAD, JUSTICIA Y MORAL

Vivimos tiempos de confusión y, sobre todo, de decepción.  Las bases sobre las que cualquier sociedad de altura tendría que hundir sus raíces no pasan de ser meras acepciones que adornan los diccionarios y las enciclopedias pero cuya virtualidad es prácticamente nula. Los Poderes Públicos se conducen a menudo de una forma tan siniestra que el ciudadano de a pie pierde por completo la noción de lo que significan conceptos tan sagrados como legalidad, legitimidad, justicia y moral y tiende a confundirlos.

Guiada por un necesario afán aclaratorio facilitaré brevemente el significado de cada uno de estos términos:

LEY: Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética.

LEGALIDAD: Cualidad de lo que es conforme a la ley o está contenido en ella.

LEGITIMIDAD: Conformidad y adecuación a la ley.

JUSTICIA: Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde.

MORAL: Cualidad de las acciones humanas con respecto al bien y al mal.

Es obvio que el papel lo aguanta todo. Los problemas surgen cuando la práctica se enfrenta a la teoría. En otras palabras, cuando esa coletilla que he marcado en negrita -“GENERALMENTE EN CONSONANCIA CON LA JUSTICIA Y LA ÉTICA”- no pasa de ser una quimera, un brindis al sol, un ramillete de buenas intenciones. Es entonces cuando nos enfrentamos al drama ético de tener que distinguir con meridiana claridad los tres matices anteriormente expuestos: lo "legal", lo "legítimo" y lo "lícito".

El primero atañe al cumplimiento taxativo y muy concreto de una norma convertida en ley.

El segundo hace referencia al consenso general de una mayoría que coincide en reivindicar algo que se basa en el Derecho y en Ley Natural.

El tercero concierne al valor moral y ético de las leyes y las conductas.

Dicho de otra manera, es perfectamente posible aprobar e imponer una ley ilícita e ilegítima por poderes legales, aunque moralmente reprobables (véase el caso de las dictaduras genocidas y los regímenes totalitarios). Asimismo,  puede esgrimirse ante los tribunales la literalidad de unas normas al servicio de un poder moralmente ilícito e ilegítimo, situado por encima  del bien común de los ciudadanos y carente de consenso social.

En definitiva, puede que la legalidad sea el contenido de la ley pero, cuando ésta se interpreta torticeramente y se aplica con prevaricación, pierde su valor moral, convirtiéndose en éticamente ilícita y socialmente ilegítima, ya que la sociedad entera la rechaza por injusta e inmoral.

A mí, personalmente, me cuesta un mundo tener que lidiar con esta realidad.