lunes, 25 de marzo de 2013

LOS RECORTES AFECTAN A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR


Artículo publicado en la revista de habla hispana "La Ruptura" el 27 de marzo de 2013
 
 
 

La actual crisis económica se manifiesta con dureza en la totalidad de los ámbitos de nuestra sociedad pero se torna más intolerable, si cabe, cuando afecta a determinadas prestaciones relacionadas con la sanidad y los servicios sociales. En este sentido, los puntos de encuentro familiar tampoco se han podido librar de los recortes impuestos por las diversas Administraciones, convirtiéndose en otra de sus múltiples víctimas.

 
Se trata de centros destinados a garantizar la seguridad de algunos menores inmersos en los procesos de divorcio de sus padres y su finalidad principal no es otra que lograr la normalización de los regímenes de visita hasta que desparezcan determinadas circunstancias personales desfavorables que motivaron la decisión de recurrir a esta alternativa de comunicación. Concebidos como herramientas de normalización de núcleos familiares  desestructurados, su funcionamiento corre a cargo de determinados profesionales que garantizan el apoyo psicológico necesario para el bienestar de los afectados mediante la puesta en práctica de una serie de técnicas de resolución de conflictos.

 
Sus destinatarios son miembros de familias con dificultades para relacionarse entre sí y progenitores no custodios que requieren de supervisión especializada durante los períodos de tiempo que comparten con sus hijos. También están dirigidos a menores en situación de acogimiento familiar y a niños cuyo progenitor custodio se niega a facilitarles la relación con su ex pareja. Antes de dar cumplimiento al régimen de visitas, existe en todos los casos una resolución judicial que avala la utilización de este servicio, de tal manera que se deben conocer con antelación las peculiaridades de cada caso concreto antes de decantarse por el protocolo de actuación que proceda.

 
La Comunidad Autónoma de Canarias contaba hasta hace bien poco tiempo con cuatro de estos centros pero, por desgracia, la tan traída y llevada crisis  amenaza con hacer desaparecer esta opción que, tan sólo en Tenerife, atiende a más de doscientas familias. Uno de ellos, el punto de encuentro de La Orotava, ya echó el cierre el pasado mes de enero porque la subvención necesaria para su sostenimiento no estaba contemplada en los presupuestos de la Consejería de Políticas Sociales. Queda saber cuál será el destino del Centro de la Familia de Santa Cruz, único superviviente de la isla capitalina y que también sufre en primera persona la reducción de su financiación, a pesar de haber gestionado numerosos expedientes desde 2005. Por lo pronto, tendrá que asumir a todas las familias orotavenses perjudicadas por el cierre de su centro y que ya engrosan unas listas de espera que probablemente se alargue por un plazo superior a seis meses.

 
En palabras de sus responsables, estamos asistiendo a la vulneración de derechos esenciales recogidos tanto en nuestra Constitución como en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, ya que, a la hora de relacionarse con sus padres, algunos menores tan sólo disponen para verles de estos puntos de encuentro, cuya regulación específica en Canarias, por cierto, brilla por su ausencia, siendo una de las pocas Comunidades Autónomas que adolece de ella.

 
Se impone una reflexión sobre dónde y cómo recortar determinados servicios esenciales. No vale todo. Porque ¿qué puede haber más esencial que no perder los vínculos paterno filiales?

 
 
 
 

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