Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 12 de septiembre de 2011
La Asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) acaba de monopolizar portadas de la prensa escrita y titulares de medios de comunicación audiovisual después de haberse apuntado un importante tanto en el desigual partido que disputaba desde hacía años contra la Consejería catalana de Educación. Un lustro atrás, tres familias residentes en el territorio en cuestión decidieron iniciar su particular batalla en busca de justicia e, imitando al joven David, se atrevieron a enfrentarse a un Goliat que en esta ocasión había adoptado la forma de centros educativos dispuestos a desafiar al Estado de Derecho por medio de una ley de inmersión lingüística a todas luces inconstitucional.
Los infelices, a buen seguro trabajadores que por motivos profesionales debían permanecer en los predios nacionalistas de modo provisional, pensaban que sus hijos pequeños, con la Constitución en la mano, estaban en su perfecto derecho de recibir la formación académica en lengua castellana, a día de hoy el idioma común de todos los españoles, se sientan o no pertenecientes a la piel de toro. Pero se equivocaron de medio a medio, ya que las huestes pedagógicas de su prole -a quienes acudieron en primer lugar en busca de ayuda- les apabullaron con un recital de métodos disuasorios que hubiera hecho las delicias del mismísimo Vito Corleone. Y es que en los terrenos gobernados por el nacionalismo pedir la igualdad de trato en lo tocante a la lengua y ser tachado de facha es todo uno.
Contra todo pronóstico, el trío de fascistas –que se quejaba de no poder siquiera colaborar en la realización de los deberes infantiles, dado que los libros de texto también estaban escritos en la lengua vernácula- no se dejó atemorizar y siguió adelante con el osado plan de evitar a sus chavales aquella dificultad añadida al aprendizaje que, obviamente, sus compañeros catalanoparlantes no padecían. Decididos a dar la batalla en los tribunales, tocaron a la puerta de CCC en busca de ayuda legal e iniciaron una larga (y cara) travesía por el desierto del Tercer Poder.
El primer peldaño de la escalera lo ascendieron en la sede de la Generalidad de Cataluña, a la que solicitaron sin resultado alguno que reconociera el derecho de sus hijos a ser escolarizados parcialmente en castellano. El segundo tramo hacia la cumbre de la lógica más aplastante fueron las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma, que rechazó igualmente el recurso interpuesto por tan molestos progenitores. Así las cosas, el escalón del Supremo se alzaba como la última baza en defensa de su utopía y finalmente fueron sus Magistrados quienes les dieron la razón y exigieron el establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizarles un sistema educativo bilingüe.
Pero como la interpretación jurisprudencial se convierte cada vez con mayor frecuencia en la peor enemiga de la seguridad jurídica, a la Consejera del ramo le faltó tiempo para circunscribir la ejecución de la sentencia exclusivamente a los tres concretos casos de los, con perdón, recurrentes tocapelotas. Un nuevo recurso ante el TSJC y otros nueve meses de espera han sido necesarios para que, como si de un embarazo se tratase, la definitiva resolución judicial que les vuelve a dar la razón haya visto la luz tras un doloroso parto.
La furibunda reacción nacionalista no se ha hecho esperar. En plena precampaña electoral, el gobierno encabezado por Artur Mas ya ha advertido, mediante uno más de sus chantajistas avisos para navegantes, que el monolingüismo se mantendrá en las escuelas “caiga quien caiga”, a modo de pequeña muestra del otoño caliente que estamos a punto de padecer.
Me pregunto qué clase de siniestro futuro le espera a un país que cuenta entre sus dirigentes políticos con individuos dispuestos a incumplir las sentencias judiciales a voz en grito. En otras palabras, a reírse a carcajadas del Estado de Derecho y, por extensión, de quienes formamos parte de él.
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