Artículo publicado en La Revista de la Feria del Divorcio el 21 de noviembre de 2011
Esta misma semana, mientras asesorábamos a un matrimonio que acudió a nuestro despacho con la intención de divorciarse de mutuo acuerdo, asistí con tristeza al retrato que la citada pareja hizo de su propio hijo. Al tratarse de un joven de veinte años que encaja como un guante dentro de la denominada generación ni-ni, sus progenitores manifestaron el deseo de incluir una cláusula dentro del convenio regulador para ponerle fecha de caducidad al sostenimiento económico de tan irresponsable vástago.
Este concreto caso me ha recordado a otro que sucedió el año pasado en una provincia de Andalucía y que, por lo novedoso de su resolución, saltó a los medios de comunicación nacionales. El protagonista era un joven de veinticinco años que, ni en sus peores pesadillas, podía sospechar que el chollo de vegetar a costa de papá y mamá estaba a punto de tocar a su fin. Un buen día, el aguerrido joven, tan sobrado de ínfulas como escaso de perspectivas, decidió demandar a sus padres porque, aunque le mantenían a plena satisfacción e incluso le pagaban religiosamente la letra del coche, se negaban a darle más dinero para sus gastos, incapaces de seguir soportando los niveles de tensión y conflictividad a los que la carne de su carne les tenía sometidos. Fue el ambiente de hostilidad y el grado de convivencia cero del que hacía gala el sujeto los que propiciaron la negativa familiar a satisfacer sus exigencias y, por ende, la gota que colmó el vaso del caradura. Sin duda, la afrenta resultó excesiva para quien ya había cumplido de sobra el cuarto de siglo sin dar un palo al agua. De hecho, estaba matriculado en la Facultad de Derecho de Sevilla pero, hasta aquel momento, tan sólo había aprobado tres asignaturas de la carrera. Desde luego, no puede decirse que gozara de un expediente académico muy competitivo pero es que tampoco, a falta de inquietudes intelectuales, volcaba sus afanes en el ámbito doméstico. Por el contrario, se esmeraba en encajar a la perfección en ese sector de jóvenes mayores de edad sin ningún interés ni por trabajar ni por estudiar.
El caso es que cuando, cargado de razones, decidió llevar a sus progenitores ante los Tribunales con el fin de, además de seguir bajo su mismo techo, sablearles cuatrocientos euros al mes para costearse los caprichos, no podía sospechar que sus Señorías le tenían reservados otros planes. Durante la celebración de la vista, y gracias a la declaración de uno de sus hermanos, quedaron acreditados los insultos y los malos tratos en el seno de la unidad familiar. El padre -empleado de una empresa de recogida de basuras- y la madre -camarera de hotel- manifestaron su desesperación ante semejante situación y expresaron el deseo de que el muchacho abandonase su domicilio, si bien se mostraron dispuestos a abonarle una pensión temporal de doscientos euros mensuales durante dos años, para no provocarle una situación de repentina inasistencia. La sentencia del Juzgado de Familia número 5 de Málaga desestimó las pretensiones del demandante y le recriminó su mala conducta, origen de una convivencia insostenible que ningún padre está obligado ni legal ni moralmente a soportar. El Magistrado declaró igualmente el cese de la obligación paterna de alimentos y comunicó al afectado que contaba con un plazo de 30 días para recoger todos sus efectos personales, abandonar el domicilio y empezar a -como se dice coloquialmente- buscarse la vida.
Nuestro ordenamiento jurídico no contempla la figura del divorcio de los padres respecto de sus hijos. Se es padre o madre para toda la vida. Pero lo que sí puede darse es un símil de separación cuando ese hijo no acepta unas normas básicas y, amparándose en el Código Civil, abusa de su condición filial. Así pues, sería recomendable que más de uno dedicara parte de su envidiable tiempo libre a la lectura de dicha resolución judicial porque, como aviso para navegantes, no tiene desperdicio.
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