Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 18 de diciembre de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 24 de diciembre de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 24 de diciembre de 2015
El abuso sexual infantil es el tabú más profundo en todas las culturas y civilizaciones desde hace siglos y, aunque no existe un perfil único de las víctimas, los expertos coinciden en que los abusadores las buscan entre los seres más vulnerables, indefensos y desprotegidos. Por eso, los niños encabezan el grupo de riesgo más elevado y las consecuencias físicas y psicológicas que les acarrean son funestas.
Estas prácticas repugnantes se producen en los más diversos ámbitos, incluido muy especialmente el doméstico. Y no se debe caer en el error de que son las familias desestructuradas o de bajo nivel económico las más proclives a las mismas. La triste realidad es que se dan en todas las clases sociales. Para colmo, al suceder en un entorno supuestamente afectivo, los niños dependen todavía más de esos adultos llamados a protegerles y de quienes no pueden escapar. Además del agravante emocional que les une al agresor, se añade la circunstancia de que la comisión de los hechos puede ser más frecuente e impune. Es por ello que la sociedad y el Estado estamos llamados a tomar medidas para superar esta lacra que nos denigra.
Abundando en la cuestión, el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de la cartera de Justicia, acaba de aprobar dos Reales Decretos cuya relevancia práctica está fuera de toda duda. El primero desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, cuyo objetivo es asegurar su protección y garantizar sus derechos en plenitud. El segundo crea y regula la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que permitirá la prevención de este tipo de delincuencia cuando las víctimas sean menores de edad.
El fin último es establecer un sistema eficaz para impedir que los autores de delitos sexuales tengan acceso o ejerzan profesiones, oficios u actividades que impliquen contactos habituales con menores.
En el citado Registro se incluirán los datos de los condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual y por trata de seres humanos con fines de explotación sexual (incluida la pornografía), con independencia de la edad de la víctima y del condenado. Se incorporará asimismo el código genético (ADN) siempre que se establezca por resolución judicial, para posibilitar su seguimiento y control dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de mecanismos de cooperación con autoridades policiales y judiciales de otros países, particularmente del entorno de la Unión Europea. Lamentablemente, se han producido en el pasado casos de descoordinación entre las autoridades del Viejo Continente que ahora se articularán con este instrumento.
La información sobre los inscritos no será pública, accediendo a ella tan sólo jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal y Policía Judicial y quedando siempre constancia de la gestión realizada. Además, dichos certificados podrán extenderse sin consentimiento de los interesados, siempre que exista una petición expresa de las entidades públicas de protección de menores -para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores- y de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación. Los propios interesados podrán igualmente solicitar la certificación, lo mismo que aquellos órganos de la Administración que lo precisen preceptivamente para un trámite, previo consentimiento de la persona afectada. En cualquier caso, se garantiza la gratuidad de la expedición del documento.
En la actualidad existen alrededor de 45.000 condenados por agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores que se verán afectados por la creación de este Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuya operatividad será inmediata desde ahora. Así, quienes pretendan trabajar con pequeños deberán acreditar su ausencia registral, desde trabajadores de guardería a boy scouts, desde catequistas a entrenadores deportivos, sin olvidar a los profesionales de la docencia. Confío en que de ahora en adelante mejore este escenario tan demoledor en el que la inocencia y la felicidad infantiles son asesinadas a diario.
Vivimos en una sociedad llena de lacras y desajustes; pero hay dos maneras de ir haciendo más diáfano el paisaje diario: la educación en la casa y los centros educativos, que eduque en valores éticos, y un marco legislativo adecuado que transmita a los ciudadanos seguridad y justicia. El artículo es un trabajo estupendo y lleno de interés. Mi enhorabuena. Un cordial saludo desde Rivas.
ResponderEliminarMuchísimas gracias por sus palabras, José Luis. Comentarios como el suyo son los que me ayudan a seguir en esta hermosa labor de concienciación.
ResponderEliminarAprovecho la ocasión para desearle unas felices fiestas de Navidad desde la isla de Tenerife.
Un abrazo cariñoso.
MYRIAM