BIOGRAFÍAS DIGITALES

Las personas que cuelgan fotografías de sus hijos pequeños en redes sociales, como Facebook e Instagram, están creando una biografía digital que, cuando los protagonistas crezcan, causará problemas legales, según expertos en privacidad.

En España aún no se han registrado conflictos judiciales de esta naturaleza, a pesar de nos encontramos ante un fenómeno cada vez más frecuente. Sin embargo, los profesionales del sector consideran que la situación en nuestro país cambiará radicalmente en el futuro.

Cada vez mayor número de padres van conformando una identidad visual de los menores, un rastro vital en la red edificado desde su punto de vista, sin tener en cuenta que, con  el paso del tiempo, dicha información podría incomodar a sus protagonistas y causarles más de un inconveniente.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) indican que las imágenes que se publican van alimentando una trayectoria virtual que, a futuro, podría llegar a adquirir más peso que la real. Por lo tanto, los ciudadanos deben ser conscientes de que a través de los archivos que cuelgan en las plataformas, ya sean suyos o de sus vástagos, revelan detalles importantes sobre  sus gustos, preferencias o hábitos.

Así pues, los progenitores o tutores legales de los niños son responsables del tratamiento de sus fotos hasta que estos cumplan 14 años. Luego, los adolescentes serán quienes asuman la potestad sobre estos actos. Los especialistas alertan de que no se sabe dónde pueden acabar estos testimonios gráficos y de que, asimismo, no falta gente malintencionada que puede apropiarse de ellos e, incluso, modificarlos.

En el caso de que los jóvenes quieran dar marcha atrás a las publicaciones paternas que les afecten, pueden seguir varios pasos. En primer lugar, solicitar a los propios padres que eliminen los contenidos de Internet. Y, en segundo, recurrir a la red social en cuestión (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). Si dichas compañías no atienden a su petición, los afectados podrán entonces dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para que tutele su derecho de cancelación y, si esta vía tampoco resulta efectiva, deberán acudir a los Tribunales.

Aunque de momento no existe jurisprudencia al respecto, se prevé que más pronto que tarde habrá millones de usuarios que protagonizarán conflictos judiciales en base a estos motivos de denuncia. Tiempo al tiempo.