Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 10 de abril de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 11 de abril de 2015
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 11 de abril de 2015
Hace
apenas dos meses, se aprobó en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, una de cuyas aportaciones más
notables se traduce en el reconocimiento de los menores como víctimas de la violencia
de género. Su principio rector reside en incorporar la defensa del interés superior
del menor como base interpretativa del derecho sustantivo y procedimental,
siguiendo así la recomendación expresa de la Organización de las Naciones
Unidas establecida en el año 2013. El objetivo principal de la nueva regulación
es garantizar su protección especial y responder a las actuales necesidades de
los niños y de los adolescentes españoles. Para ello, se prevé la modificación
de normas tales como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el
Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Adopción
Internacional, entre otras.
La futura
norma establece un nuevo marco de derechos
de los menores y presta una atención específica a los grupos sociales más
vulnerables, como los integrados por extranjeros no acompañados, jóvenes ex
tutelados y discapacitados. Dicha reforma incluye asimismo un catálogo de deberes en las esferas familiar,
escolar y social, contemplándose actitudes como el respeto a los padres,
hermanos y profesores, y a la dignidad, integridad e intimidad de las personas
con las que se relacionen. El conocimiento de estas dos caras de la misma
moneda (derechos y deberes) se implantará a través del sistema educativo,
recogiéndose de forma expresa la necesidad de impedir el fenómeno del acoso escolar,
cuya alta incidencia se considera extremadamente preocupante.
Otro
punto relevante se centra en la salvaguarda de niños y adolescentes frente a
los abusos sexuales (3.364 afectados en 2013), requiriéndose para ejercer
profesiones que impliquen contacto habitual con ellos no haber sido condenado
por delitos contra la libertad sexual, la trata y la explotación. Además,
cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de hechos de este
tenor estará obligado a ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal. También
se definen las situaciones de desamparo que darán lugar a la retirada de la
tutela, como el abandono, el riesgo para la vida, salud o integridad física, la
inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.
Capítulo
aparte merece la agilización y simplificación de los trámites de adopción y
acogimiento, con el fin de favorecer que los pequeños permanezcan con una
familia y tengan acceso también a sus orígenes y al contacto con sus parientes
biológicos. Primará la opción familiar frente a la residencial, la estable
frente a la temporal y la consensuada frente a la impuesta.
Pero el objetivo prioritario de este
proyecto legislativo consiste en prevenir y reforzar la lucha contra la
violencia en la infancia, reconociendo por primera vez a los menores su
condición de víctimas de la violencia de género y obligando a los jueces a
pronunciarse sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres
maltratadas, previendo que puedan permanecer en compañía de sus madres. A este
respecto, si siempre es responsabilidad de los adultos defender los derechos de los niños de acuerdo a su bienestar y a su desarrollo integral, lo
es todavía más en la primera etapa de sus vidas, donde se forjan las raíces de
la autoestima y, por tanto, la más esencial para alcanzar una edad madura de
calidad, puesto que las realidades asociadas al sufrimiento -como un divorcio
conflictivo o la presencia de discusiones y agresiones constantes en el ámbito
doméstico- generan secuelas futuras en forma de miedos y de carencias afectivas.
En
conclusión, y aunque en algún concreto aspecto podría haberse ido más lejos,
organizaciones de defensa de la infancia como Save the Children y Unicef han
valorado positivamente este ansiado Proyecto de Ley, que supone un indudable
cambio de modelo y cuyo principal empeño es proteger el bien más preciado de
cualquier sociedad: sus niños y sus jóvenes.
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