EL DRAMA CRECIENTE DE LOS FALSOS AUTÓNOMOS

Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 29 de mayo de 2015

Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 11 de junio de 2015

Uno de los mayores fraudes que pueden llevarse a cabo en el entorno de una relación laboral es el que afecta a los denominados “falsos autónomos”. Muchas empresas comenzaron a recurrir puntualmente a esta trampa en la fase más aguda de la crisis económica pero, finalmente, han decidido implantarla en sus compañías como una vía más de contratación. Determinadas profesiones, como las de transportista, comercial, agente de seguros, profesor, informático, arquitecto, ingeniero, periodista, fotógrafo o diseñador -entre otras- presentan una mayor incidencia de esta figura laboral, que se mueve sin ninguna duda en el filo de la ilegalidad.

El panorama es desolador y consiste básicamente en que las empresas se ahorran las cotizaciones a la Seguridad Social de parte de su plantilla, lo que se traduce para los damnificados en la ausencia de derecho a paro, a salario mínimo, a baja de ninguna clase, a vacaciones, a permiso de lactancia o maternidad, a reducciones voluntarias de jornada, a preaviso de despido o a indemnización. Además, las posibles (aunque improbables) demandas que se interpongan, se resuelven en la jurisdicción civil y no en la laboral (más favorable por regla general a los asalariados). Pese a ello, la ignorancia, el miedo y, por encima de todo,  la necesidad, condenan a muchos hombres y mujeres a aceptar estas injustas condiciones, triste realidad que viene siendo denunciada por sindicatos y por otras voces desde hace bastante tiempo.

No pocos empleadores ofrecen trabajo a condición de que sus empleados se inscriban en el Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA). Pero resulta todavía más sangrante el hecho de que se deshagan de ellos como paso previo para volver a readmitirlos en otras condiciones, claramente desfavorables desde el punto de vista de los derechos adquiridos. Lamentablemente, y como suele ocurrir igualmente con otras prácticas fraudulentas, estas actuaciones no hallan reflejo en las estadísticas oficiales.

Para poner fin a estos abusos, lo ideal sería que los implicados se inscribieran como “TRADES”, trabajadores autónomos dependientes, que son “aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales». Sin embargo, el temor de las empresas a la conflictividad está en el trasfondo de la escasa acogida de esta opción, ya que, en caso de desacuerdo entre las partes, aquí sí interviene la jurisdicción social.

A raíz de estas praxis, la Inspección de Trabajo ha desarrollado algunas campañas con resultados que, aunque insuficientes, merecen ser valorados y apoyados sin fisuras en el futuro. Desde la aprobación del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y contra el fraude a la Seguridad Social, en 2012 se produjeron 4.067 iniciativas, que permitieron aflorar 2.372 supuestos de trabajo por cuenta ajena o propia sin comunicación de la prestación de servicios a la Tesorería General de la Seguridad Social. Otro objeto de investigación ha sido la comprobación de contratos a tiempo parcial que, en realidad, lo eran a tiempo completo pero oculto (3.395 de 10.398, también en 2012).

A pesar de la voluntad confesa de colaboración por parte del Gobierno de la Nación, algunos de los perjudicados, hartos ya de esperar a que una inspección ponga fin a su calvario profesional, han decidido dar el paso de demandar  a sus empresas, iniciando de esta manera otro calvario igual o peor, habida cuenta que la mayoría de ellos no dispone de ingresos mientras espera la correspondiente sentencia judicial. Y otros muchos ni siquiera acuden a los tribunales por razones sumamente comprensibles, que van desde el pavor hasta la desolación de constatar que son víctimas de una injusticia impropia de un Estado que se autodefine como Social y Democrático de Derecho. Sin comentarios.