Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el 17 de marzo de 2017
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 20 de marzo de 2017
Artículo publicado en La Provincia (Diario de Las Palmas) el 20 de marzo de 2017
Es el grito que se escucha en las calles de
algunas ciudades españolas desde hace varias semanas. La explicación no deja
lugar a dudas. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el tributo más injusto
e inmoral de los muchos que se pagan en nuestro país. Y lo es porque infinidad
de ciudadanos se están viendo obligados a renunciar a las herencias de sus
difuntos porque no pueden hacer frente a los importes impositivos que les
reclaman las diversas Haciendas. Pertenecer a la clase baja, media o alta es
indiferente. Ni siquiera los muertos se libran de continuar apoquinando, después
de haber trabajado toda una vida con la esperanza de dejar a sus familias unos
pocos bienes.
Estas protestas, tan airadas como cargadas de razón, están encabezadas por
contribuyentes cuya única petición consiste en que los políticos de turno dejen
de meterles la mano en el bolsillo, habida cuenta además la manifiesta desigualdad
que se refleja en función de la Comunidad Autónoma de referencia. En cuestión
de atracos, Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón se llevan la palma. Por
ello, la presidenta andaluza Susana Díaz se quejaba recientemente de la baja
tributación que ofrecía en esta materia la Comunidad de Madrid, sabedora de que cada vez son más sus paisanos
que, como sucede en otras regiones saqueadas, deciden trasladar su residencia a
la capital de España.
La solución que propone la mandataria socialista consiste
en armonizar al alza este tributo en todo el territorio nacional y así frenar
la fuga de su población, pero a costa de disparar la fiscalidad del resto de los
habitantes del Estado. Ni que decir tiene que los afectados por la medida rechazan semejante
propuesta. Solicitan, por el contrario, que sean esas Autonomías que mantienen
unos niveles tan elevados de presión fiscal las que los bajen o, incluso, los
eliminen, tal y como ha hecho Madrid. Es
el caso de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones, que se presenta como un
movimiento social y sin colores políticos. Con el lema “Es tu herencia, lucha
por ella” y al citado grito de "Impuesto de Sucesiones, impuesto de ladrones",
son multitud los hombres y mujeres de las ocho provincias del sur que apoyan
esta iniciativa. Para mayor muestra de expolio institucional,
la Junta ya se ha curado en salud para que las donaciones en vida cuesten casi
lo mismo, aplicando al catastro un valor corrector que incremente la suma.
Por supuesto, esta no es la única campaña que se está llevando a cabo.
También están gestionándose recogidas de firmas a través de Change.org para
idénticas exigencias en todos los territorios. Por su repercusión mediática,
cabe mencionar el sangrante testimonio de Clavelina García, una señora
asturiana de 82 años que heredó un piso de su
hermano valorado en 300.000 euros, por el que le comunicaron que debía
abonar el escandaloso importe de 80.000. No me sorprende que afirme que, si
tuviera medios para abandonar el Principado, lo haría. Pero no los tiene. Según
la combativa anciana, los dirigentes sólo están consiguiendo que su provincia
pierda población y calidad de vida, y que sus paisanos estén cansados y
pensando en cambiar de aires. En su opinión, que comparto plenamente, supone un
trato abusivo por parte de los gobiernos, después de toda una existencia de
esfuerzo y ahorro por parte de sus administrados.
En definitiva, se solicita la eliminación hasta el tercer grado de
parentesco (es decir, de tíos a sobrinos) de un impuesto que no tiene razón de
ser. Es evidente que, para cuando se hereda un inmueble de padres a hijos, ya
se ha pagado más que de sobra por él a lo largo del tiempo. ¿En qué cabeza cabe
que no sea posible aceptar la herencia de los progenitores porque salgan más
caras las cintas que el manto? No cabe mayor tristeza. Es el mundo al revés.
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